La reciente tragedia que conmovió al país, el asesinato de tres niñas a manos de su propio padre, Rafael Ortiz, es una muestra lamentable de la inoperancia y negligencia del sistema judicial paraguayo, que, en lugar de proteger a las víctimas, parece facilitar el accionar de sus agresores. ¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes de violencia, tanto hacia su expareja como hacia otros familiares, haya obtenido un régimen de convivencia sin una revisión exhaustiva de sus antecedentes? La respuesta es clara: fallaron quienes tenían el deber de priorizar el bienestar de estas niñas.
La oficina de Mediación del Ministerio de la Defensa Pública del Poder Judicial de Presidente Franco otorgó a Ortiz un régimen de convivencia con sus tres hijas, pese a que él ya presentaba un historial de agresión física, psicológica y verbal hacia la madre de las menores. A pesar de las señales de alarma que rodeaban a este hombre, la funcionaria encargada, Blanca Victoria Benítez Peralta, no realizó una investigación de antecedentes ni consultó sobre los riesgos que implicaría esta decisión. A siete días de recibir la custodia temporal, Ortiz ejecutó su terrible amenaza, en un desenlace que deja al descubierto el peligroso descuido de quienes debieron proteger a las niñas.
La falta de investigación y seguimiento de los antecedentes de Ortiz es un ejemplo devastador de cómo la burocracia y la desidia pueden destruir vidas inocentes. El acuerdo, además, fue emitido sin la homologación correspondiente de la jueza interina de Niñez y Adolescencia de Presidente Franco, Delsy Cardozo, lo cual evidencia un nivel de irregularidad e irresponsabilidad que demanda respuestas y sanciones concretas. A esto se suman las graves omisiones de los agentes policiales de la subcomisaría 29ª de la colonia Ara Potí, quienes, al recibir la denuncia de la madre, no actuaron con la urgencia requerida, escudándose en normas burocráticas en lugar de velar por el bienestar de las niñas.
La ley paraguaya habla de la protección integral de la niñez, pero este caso revela que ese “interés superior del niño” no es más que un concepto vacío para el Poder Judicial y las autoridades que fallaron en esta tragedia. El sistema judicial debe recordar que la mediación y los regímenes de convivencia no son procedimientos mecánicos, sino decisiones que involucran vidas y que requieren de un escrutinio minucioso, especialmente cuando existen antecedentes de violencia.
Este caso amerita una investigación exhaustiva de todas las partes involucradas, desde la mediadora Blanca Victoria Benítez hasta la jueza interina Delsy Cardozo, pasando por los agentes policiales. Es fundamental que cada uno de ellos rinda cuentas a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas. Solo así se podrá restituir, aunque sea en parte, la confianza en un sistema que, lejos de proteger, facilitó el contexto para esta tragedia.
Es hora de que el Poder Judicial demuestre con acciones concretas su compromiso con la justicia y el bienestar de los menores. Mientras sigan siendo indiferentes a la realidad de tantas familias afectadas por la violencia doméstica, continuarán sumando nombres a la larga lista de víctimas de un sistema que privilegia la formalidad sobre la vida humana.
