La oficina de Mediación del Ministerio de la Defensa Pública del Poder Judicial de Presidente Franco está en el ojo de la tormenta luego del macabro hallazgo de los cuerpos de las hermanitas, Emma Sofía, de 1 año; Liz Araceli, de 5, y Fátima Mabel Ortiz Zorrilla, de 7 años, en manos de su padre, Rafael Ortiz, el pasado viernes, en el río Paraná, en la zona de Mayor Otaño, Itapúa. El diario La Clave investigó a profundidad el caso y accedió a un documento expedido por esa oficina, firmado el 25 de octubre último por la mediadora Blanca Victoria Benítez Peralta, a través del cual se otorgó un régimen de convivencia al hombre que ya tenía antecedentes por hechos violentos.
Se trata de un acuerdo de mediación nº 178, entre Nancy Mabel Zorrilla y Rafael Ortiz, firmado por la referida funcionaria pública, quien prácticamente entregó a las niñas para que fueran asesinadas. Lo grave del hecho es que este “acuerdo” se oficializó sin que supuestamente el documento haya sido homologado por la jueza interina de la Niñez y la Adolescencia de Presidente Franco, Delsy Cardozo.
En ese sentido, aún bastante dolida por la tragedia que le tocó vivir, Eloida Ruiz Díaz, tía de las niñas, dijo a La Clave que desde un principio cuestionaron que el Poder Judicial haya dado permiso a Rafael Ortiz para retirar a sus hijas los días viernes, a partir de las 18:00, hasta las 16:00 de los domingos. El documento además resaltaba que el hombre podía llevar también a sus hijas en días festivos.
De acuerdo con los datos, Nancy Mabel Zorrilla, madre de las niñas muertas, acudió al Ministerio de la Defensa Pública de Presidente Franco a fin de solicitar régimen de convivencia y asistencia alimentaria a favor de sus pequeñas hijas.
Durante la audiencia de mediación, la funcionaria pública Blanca Victoria Benítez Peralta había fijado que Rafael Ortiz debería pagar una prestación alimentaria de G. 500.000 para sus tres hijas, y eso le daría derecho de llevarlas todos los fines de semana. Exactamente siete días después del acuerdo, el hombre buscó a las niñas, ya con la clara intención de arrojarse con ellas al río Paraná, en caso de que su expareja no regresara con él.
NO VERIFICARON SUS ANTECEDENTES
Esta oficina dependiente del Poder Judicial ni siquiera se tomó el tiempo de investigar los antecedentes del violento hombre que, según su expareja, era maltratada verbal, física y psicológicamente por el sujeto. Tampoco se preocupó en analizar el nefasto pasado del sujeto, quien casi mató a su primo Julio César Ortiz (40) a machetazos en la cabeza en el mes de julio de este año, durante una ronda de tragos, registrada en una vivienda de la colonia Ara Potí de Los Cedrales.
“POLICÍA NO HIZO NADA”
La tía de las menores también criticó duramente a los agentes de la subcomisaría 29ª de la colonia Ara Potí, porque supuestamente no quisieron ayudar a la madre a recuperar a sus hijas cuando estas aún estaban vivas y en poder de Rafael. Los uniformados recibieron la denuncia el sábado por la mañana y se habrían escudado en que no podían realizar ese tipo de procedimientos sin antes comunicar al Ministerio Público. Pero tampoco lo hicieron, argumentando que recién podrían hacerlo el lunes. Recién el miércoles de la semana pasada, la Policía montó un “bloque de búsqueda” y se instaló en la zona de la referida colonia para buscar a las menores y al hombre, cuando ya era demasiado tarde. En síntesis, falló el sistema judicial y policial, no se priorizó el “interés superior del niño” que tanto pregonan las autoridades nacionales, y permitieron que hoy las niñas estén enterradas.
INVESTIGACIÓN
El Poder Judicial tiene la obligación de investigar las negligencias cometidas en este caso, que permitió la pérdida de tres pequeñas vidas humanas. Es urgente que la mediadora, Blanca Victoria Benítez Peralta, brinde explicaciones de sus actos a sus superiores, a la ciudadanía y principalmente a los familiares de las niñas sobre la decisión que tomó y originó esta tragedia sin precedentes en esta parte del país. También es importante saber si verdaderamente la jueza interina de la Niñez y la Adolescencia de Presidente Franco, Delsy Cardozo, rechazó el acuerdo, como lo mencionó a algunos medios de comunicación, porque alguien debe pagar por este trágico desenlace.
EL CASO
Nancy Mabel Zorrilla y Rafael Ortiz fueron pareja durante 8 años. Vivían en una precaria casita en la colonia Ara Potí. Tuvieron tres hijas, Emma Sofía, de 1 año, Liz Araceli, de 5 años y Fátima Mabel Ortiz Zorrilla, de 7 años. Hace tres meses, la mujer decidió cortar la relación porque ya no aguantaba los maltratos y amenazas de muerte del violento y celoso hombre. Regresó con sus hijas a la casa de su padre en el km 8, del barrio Santo Domingo, de Presidente Franco.
Tras conseguir un régimen de relacionamiento, el viernes 1 de noviembre, Ortiz buscó a sus hijas para pasar con ellas el fin de semana, pero apenas las tuvo con él, empezó a chantajear y amenazar a su expareja, diciéndole que, si no regresaba con él, se lanzaría al río junto con sus hijas. A pesar del esfuerzo de la mujer, el hombre cumplió su amenaza.
