La recaudación por tasas de los cementerios municipales en Presidente Franco ha generado dudas e indignación entre los ciudadanos y autoridades locales, particularmente debido a los bajos ingresos reportados en los últimos tres años, pese a que los dos camposantos franqueños están saturados y ya no hay lugar para recibir nuevos fallecidos. El concejal Hugo Mendoza (ANR), uno de los críticos de la administración actual, cuestiona la veracidad de las cifras y denuncia la falta de transparencia en el manejo de estos fondos, que deberían destinarse al mantenimiento adecuado de los cementerios.
Durante los años 2021, 2022 y 2023, los cementerios municipales de Presidente Franco recaudaron un promedio anual de apenas G. 718.167. En detalle, en 2021 se reportaron ingresos de G. 988.000, en 2022 fueron G. 490.000, y en 2023, G. 676.500. Mendoza argumenta que estas cifras son demasiado bajas en comparación con lo que debería recaudarse considerando los costos que normalmente enfrentan los ciudadanos para mantener los panteones.
Según una estimación del concejal, en el cementerio del barrio Santa Rosa, si se cobrara un promedio de G. 10.000 por panteón y con una capacidad de 2.666 panteones en el área de 2 hectáreas, los ingresos deberían rondar los G. 26.660.000 anuales. Sin embargo, la realidad dista de estas proyecciones, generando sospechas sobre posibles manejos inadecuados de los fondos. El camposanto del km 9 Monday también está colmado y con dimensiones similares, por lo que la recaudación debería ser en torno a los 20 millones, sin embargo, se desconocen cifras al respecto.
Las denuncias de irregularidades cobraron notoriedad tras el caso de Carmen Keim, una ciudadana de Presidente Franco que expuso en redes sociales la profanación de la tumba de su padre, Miguel de los Santos Keim. Keim relató que, sin su consentimiento, los restos de su padre fueron retirados y el lugar fue ocupado por otra persona fallecida en septiembre de 2024. Este caso indignó a la comunidad y sacó a la luz las presuntas prácticas irregulares en la administración del cementerio, bajo la responsabilidad de Aníbal Brizuela.
Las denuncias apuntan también a otros funcionarios municipales, como Luis Quiñónez, fiscal de obras, y Jorge Zárate, de Acción Social, quienes estarían implicados en un presunto esquema de venta ilegal de espacios funerarios. Testimonios indican que esta red abría tumbas, retiraba los restos y revendía los espacios a cambio de sumas en efectivo, una práctica que cuenta con la protección de otros funcionarios y autoridades, de acuerdo a los datos.
SILENCIO CÓMPLICE DE LA JUNTA
El concejal Mendoza expresó su frustración durante una sesión ordinaria de la Junta Municipal, criticando la inacción de la Junta y su incapacidad de ejercer una verdadera labor de control, en parte debido a la afinidad política de algunos concejales con el intendente Roque Godoy. Mendoza también recordó que el presupuesto para el cementerio en 2023 fue de apenas un millón de guaraníes, un monto irrisorio considerando el estado abarrotado del campo santo.
“La situación es inaceptable. No tenemos registros ni censos y actuamos a ciegas, algo inadmisible en estos tiempos”, enfatizó Mendoza, quien exige una administración más profesional y transparente de los cementerios municipales. Añadió que, aunque la Intendencia ordenó un sumario administrativo para investigar las denuncias, los resultados aún no son claros, y los afectados esperan una solución y explicaciones.
Las demandas de la ciudadanía y las declaraciones de Mendoza ponen de relieve la urgencia de mejorar la administración de los cementerios en Presidente Franco. Las autoridades deben responder a las preocupaciones legítimas de los ciudadanos que, como Carmen Keim, han sufrido la pérdida y el atropello en la memoria de sus seres queridos, y garantizar que los fondos destinados a los cementerios se utilicen de manera adecuada para brindar condiciones dignas en estos espacios de descanso eterno.
