El estremecedor hallazgo de los cuerpos de Rafael Ortiz y sus tres hijas en las aguas del río Paraná, en Mayor Otaño, plantea una realidad que como sociedad no podemos seguir ignorando: la salud mental es un asunto urgente, cuyo descuido puede llevar a desenlaces fatales. En este caso, los relatos y las pruebas recogidas por las autoridades indican que el padre cumplió una amenaza que había dirigido a su expareja, decidiendo acabar con su vida y la de sus hijas en un acto de profundo desespero y desesperanza. Ante esta tragedia, surge una pregunta desgarradora: ¿se habría podido evitar?
El caso de Ortiz y sus hijas, lejos de ser aislado, es el reflejo de una situación que afecta a muchas familias en silencio. Las señales de alarma de una persona en crisis, tales como amenazas de daño o comportamiento errático, suelen ser evidentes, pero la falta de recursos adecuados y accesibles de apoyo psicológico y social hace que los riesgos no sean atendidos a tiempo. En lugar de recibir ayuda para gestionar sus problemas emocionales, muchas personas optan por enfrentar en soledad conflictos que, al no ser resueltos, se agravan hasta volverse inmanejables. Este terrible desenlace es una advertencia del peligro de subestimar las amenazas de violencia y la gravedad de los conflictos familiares no resueltos.
La sociedad y las instituciones tienen una responsabilidad compartida en esta problemática. No solo necesitamos programas que hagan accesible la ayuda psicológica a quienes la necesitan, sino también campañas de concienciación que fomenten la búsqueda de ayuda y la identificación de signos de alerta en las personas cercanas. Las crisis emocionales profundas no son una vergüenza ni una debilidad, sino una señal de que se necesita un sistema de apoyo que permita a las personas recibir orientación antes de que su dolor se convierta en tragedia.
En el contexto de esta tragedia, también es relevante señalar la importancia de la intervención temprana de las autoridades. Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta y los protocolos de actuación en casos de amenaza de violencia familiar. Las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales deben recibir capacitación adecuada para tratar casos de violencia y amenazas que involucran a menores, especialmente en situaciones donde la integridad de los niños y de los familiares corre peligro. En lugar de medidas reactivas, necesitamos un sistema preventivo que permita actuar antes de que las amenazas se conviertan en una realidad irreversible.
Este suceso evidencia una realidad ineludible: el descuido de la salud mental cobra vidas. La salud emocional no puede seguir siendo una asignatura pendiente en la agenda pública. Es imperativo que el Estado invierta en la creación de centros de atención psicológica y psiquiátrica en áreas rurales y urbanas, así como en la formación de profesionales especializados en crisis familiares. Debemos poner en marcha redes de apoyo comunitario, para que aquellos que experimentan dolor emocional, como Rafael Ortiz, encuentren una salida antes de que la desesperación los lleve a extremos irreparables. Asimismo, es necesario que el Estado articule acciones que promuevan el acceso a terapia psicológica gratuita o a precios accesibles, de manera que ninguna persona tenga que enfrentar sus problemas emocionales en soledad.
Que este trágico desenlace no sea solo una noticia dolorosa, sino un llamado a actuar de forma decidida y eficaz. El compromiso de todos los sectores —el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones y cada ciudadano— es fundamental para evitar futuras pérdidas. Que esta tragedia sea un impulso para un cambio real en la forma en que tratamos la salud mental en nuestro país, para que ningún padre o madre sienta que la única salida a sus problemas es destruirse a sí mismo y a quienes ama. Debemos insistir en que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de valentía y responsabilidad.
El sufrimiento no debe terminar en silencio en las aguas de un río; debe ser escuchado, atendido y acompañado antes de convertirse en un drama irreversible. Como sociedad, tenemos la obligación moral de dar apoyo, de escuchar y de construir un entorno donde cada persona tenga acceso a los recursos necesarios para superar sus batallas internas. Porque cuando una vida se pierde por falta de ayuda emocional, todos, en cierto sentido, somos responsables.
