La situación de las empresas transportadoras en Alto Paraná es alarmante, pues se encuentran sumidas en un ambiente de inseguridad creciente, que no solo pone en riesgo a sus trabajadores, sino que afecta seriamente su viabilidad económica. Los asaltos y robos por parte de piratas del asfalto se han vuelto una constante en las rutas nacionales, y, a pesar de las constantes denuncias, la respuesta de las autoridades, especialmente de la Policía Nacional, sigue siendo insuficiente.
Recientemente, los miembros de la Asociación de Transportadoras de Alto Paraná se reunieron con la Policía Nacional para abordar esta problemática, que ya se ha cobrado muchas víctimas entre los empresarios del sector. La reunión, celebrada en Ciudad del Este, dejó en evidencia la magnitud de la situación. Aunque se anunciaron medidas como la asignación de dos patrullas policiales para escoltar los vehículos de carga en las rutas más afectadas, lo cierto es que esta respuesta resulta insuficiente frente a la gravedad del problema.
Norma Ferreira, presidenta de la Asociación, manifestó la frustración de los transportistas ante la inacción de la Policía Nacional, que, a pesar de conocer la situación, parece reaccionar solo cuando la presión de los afectados se vuelve insostenible. La asignación de patrullas de escolta es un paso, sí, pero la misma no soluciona la raíz del problema. Es necesario un cambio profundo en la estrategia de seguridad pública que contemple no solo la presencia policial en las rutas, sino también el fortalecimiento de los controles y la prevención del crimen en puntos clave, y la creación de mecanismos de respuesta rápida ante cualquier incidente.
La inseguridad en las rutas no solo afecta la integridad física de los transportistas, sino que tiene consecuencias económicas devastadoras. Ferreira subrayó que los robos no son incidentes aislados; las pérdidas económicas y la falta de cobertura de seguros agravan aún más la situación. Las aseguradoras, lejos de respaldar a los empresarios, han optado por restringir las pólizas para el transporte de cargas, lo que deja a las empresas vulnerables ante el crimen. La falta de una política clara de seguridad y respaldo institucional está llevando a estas empresas a la quiebra, lo que repercute en la economía local y nacional.
Por otro lado, la implementación de tecnología, como los sistemas de rastreo de los vehículos, ha sido insuficiente para frenar los delitos. Los delincuentes están constantemente adaptándose y desarrollando nuevas estrategias para eludir estos sistemas, lo que demuestra que la solución no está en un único frente. Se requiere de un enfoque integral, que combine inteligencia policial, cooperación entre empresas y autoridades locales, y el uso de tecnologías avanzadas para prever y neutralizar las amenazas antes de que ocurran.
Es inaceptable que la Policía Nacional no esté adoptando medidas efectivas para frenar la ola de inseguridad que afecta al sector transportador. La falta de una respuesta contundente no solo pone en peligro a los trabajadores, sino que también amenaza la estabilidad de la economía de todo el país. Es hora de que las autoridades tomen en serio la problemática de los piratas del asfalto y actúen con la urgencia que la situación requiere. Las empresas no pueden seguir siendo víctimas de la inacción policial; es imprescindible que se implementen soluciones más efectivas y que se garantice la seguridad en las rutas nacionales. La vida y el bienestar de los ciudadanos no deben ser una preocupación secundaria para las autoridades encargadas de velar por el orden y la seguridad pública.
