El concejal opositor Hugo Mendoza (ANR) manifestó su indignación ante las graves denuncias de profanación de tumbas y tráfico de espacios de sepultura en el cementerio municipal del barrio Santa Rosa, en Presidente Franco. Mendoza criticó duramente que, hasta el momento, solo el ex encargado del cementerio, Aníbal Brizuela, de 74 años, fue destituido y sumariado, mientras que el presunto principal responsable, Luis Quiñónez, funcionario y fiscal de obras, continúa en su cargo.
El concejal enfatizó en sus redes sociales que la administración del intendente Roque Godoy no sancionó a todos los involucrados. El funcionario municipal Luis Quiñónez está acusado de dirigir estas irregularidades en complicidad con otros funcionarios, pero presuntamente cuenta con la protección del concejal liberal Semión Duarte y del director de obras de la Municipalidad, Cristhian Ortiz, otro “intocable” dentro del equipo del intendente Godoy.
El caso cobró notoriedad tras la denuncia pública de Carmen Keim, quien reveló que la tumba de su padre, Miguel de los Santos Keim, fue abierta sin su consentimiento y ocupada por otra persona. Según Keim, los restos de su padre habrían sido retirados y colocados en una bolsa, en una muestra de negligencia y falta de respeto.
Aunque Brizuela estaba oficialmente a cargo de la administración del cementerio, varios testimonios e incluso el propio Brizuela señalan a Quiñónez como el autor de estas prácticas ilícitas. Según denunciantes, el modus operandi consistía en abrir tumbas y panteones, remover restos y ofrecer los espacios a cambio de pagos en efectivo. Inclusive, se acusa a Quiñónez de “negociar” con los cuerpos, en una práctica que los vecinos consideran un acto inhumano.
El concejal Mendoza criticó que el intendente Godoy haya destituido a Brizuela rápidamente, mientras que Quiñónez sigue en funciones, protegido por influencias políticas. Además, el edil recordó que esta no es la primera vez que cuestiona a funcionarios en la administración de Godoy, y reiteró su pedido para que se destituya también a Cristhian Ortiz, director de obras, quien enfrenta serias acusaciones de corrupción en otros proyectos municipales.
Ortiz fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público por su presunto rol en la refacción incompleta del polideportivo municipal. Según los registros, en enero de este año Ortiz certificó como terminada una obra de remodelación, pese a que los trabajos recién comenzaron en junio, cinco meses después de la certificación. La obra, que tiene un presupuesto de 464 millones de guaraníes, fue adjudicada a la empresa Fann SA, vinculada a un supuesto cobro indebido por parte de su representante, Alberto Silva Torales. Tanto Ortiz como Godoy están incluidos en el proceso legal.
Hugo Mendoza sostiene que la sanción a Brizuela es insuficiente y plantea que toda la red de complicidades en la administración municipal sea investigada y sancionada. Para el concejal, la destitución de Brizuela solo busca “silenciar” el escándalo y proteger a quienes se encuentran en posiciones de poder. Asimismo, advirtió que la comunidad de Presidente Franco merece respuestas claras y justicia para las familias afectadas por estas irregularidades en el cementerio.
