La administración del cementerio municipal de Presidente Franco, en el barrio Santa Rosa, ha sido sacudida por serias acusaciones de profanación de tumbas y tráfico de espacios de sepultura. En el centro de la polémica se encuentra Luis Quiñónez, funcionario municipal y supuesto fiscal de obras de la ciudad, quien es señalado como el principal responsable de estos presuntos negociados. Quiñónez sería protegido del concejal Semión Duarte (PLRA) y es dueño de una funeraria en Pdte. Franco. El mismo fue apuntado por Aníbal Brizuela, de 74 años y ex encargado del camposanto, como el que daba las instrucciones de cuáles panteones “desalojar” para colocar otros cuerpos.
Los reclamos salieron a la luz cuando Carmen Keim, una ciudadana de Presidente Franco, denunció en redes sociales que la tumba de su padre fue abierta sin su consentimiento y ocupada por el cuerpo de otra persona. Al acudir al cementerio, Keim descubrió que el espacio que pertenecía a su padre, Miguel de los Santos Keim, ahora estaba ocupado por Concepción Samudio, fallecido en septiembre de 2024. Según sus declaraciones, los restos de su progenitor habrían sido sacados y colocados en una bolsa, dejados de lado sin ninguna consideración.
Aunque la administración del cementerio estaba a cargo de Aníbal Brizuela, un hombre de 74 años y hermano del concejal Roberto Brizuela, varias denuncias apuntan a que el verdadero artífice de estos atropellos sería el fiscal de obras y dueño de una funeraria en Pdte. Franco, Luis Quiñónez. Este funcionario municipal, bajo el manto protector del concejal Semión Duarte, estaría realizando exhumaciones irregulares y revendiendo espacios sin autorización de los familiares. Según testimonios, el modus operandi incluye la apertura de panteones y la remoción de restos para luego ofrecer esos lugares a nuevos ocupantes a cambio de pagos en efectivo. Inclusive, Quiñónez estaría negociando con cuerpos humanos, de acuerdo a denuncias de fuentes fidedignas.
La influencia de Semión Duarte, concejal del PLRA y posible candidato a intendente en las elecciones de 2026, parece blindar a Quiñónez de cualquier medida disciplinaria. Duarte, quien ha evitado pronunciarse sobre estas denuncias, es acusado de ser cómplice al permitir que su protegido continúe operando en el cementerio sin restricciones. Los afectados sostienen que la protección de Duarte a Quiñónez es un claro ejemplo de los vínculos de poder que posibilitan estos atropellos, a expensas de los derechos y la dignidad de los fallecidos y sus familias. Otro funcionario apuntado de integrar esta rosca es Jorge Zárate, de acción social, quien igualmente estaría “ordenando” el desalojo de panteones en beneficio de otros, según lo indicado por Aníbal Brizuela.
El caso de Carmen Keim no es el único. En las últimas semanas, otras personas han revelado situaciones similares. Muchos vecinos aseguran haber encontrado tumbas de familiares ocupadas por otros cuerpos o vacías, después de haber pagado regularmente tarifas de “usufructo” y “limpieza” que, en la práctica, no garantizan ni seguridad ni mantenimiento. Los espacios en el cementerio, afirman, se han convertido en un negocio oscuro donde el principal beneficiado parece ser Luis Quiñónez, quien goza de impunidad gracias a su relación con Duarte.
Keim y otras familias afectadas han expresado su frustración y dolor, lamentando que las autoridades municipales, especialmente el intendente Roque Godoy, no hayan hecho lo suficiente para acabar con esta rosca. De hecho, Godoy se limitó a instruir sumario y a destituir al anciano Brizuela, quien debido a su avanzada edad ya no debía estar fungiendo de administrador del camposanto.
Para muchos, la falta de respuesta deja en evidencia una posible complicidad, que refuerza la impunidad de quienes están involucrados en el esquema. “Mi papá no tiene voz, pero yo voy a ser su voz hasta que se haga justicia”, dijo Keim, quien ha prometido llegar hasta las últimas instancias para esclarecer estos abusos y detener las atrocidades en el cementerio. En ese sentido, confirmó que presentará una denuncia penal contra los presuntos responsables de los negociados atroces cometidos en el cementerio municipal franqueño.
