El próximo 10 de noviembre, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, llegará a la mitad de su mandato con una carga muy diferente de la que cualquier líder desearía llevar. En lugar de grandes logros o mejoras urbanas, Prieto acumula sobre sus espaldas más de 40 denuncias penales, la mayoría relacionadas con presuntos actos de lesión de confianza. Esta situación no solo arroja una sombra sobre su gestión, sino que evidencia un patrón de actuaciones que, lejos de beneficiar a la comunidad, parecen centradas en esquemas personales y de beneficios para un círculo reducido.
Dos de estos casos que más han captado la atención pública datan del periodo crítico de la pandemia de Covid-19 (2020), cuando el municipio de Ciudad del Este debió haber actuado con transparencia y compromiso para mitigar el impacto de la crisis sanitaria. Según investigaciones de la Fiscalía, durante este tiempo se habrían llevado a cabo licitaciones cuestionables para la contratación de empresas “amigas” y se habría simulado la distribución de kits de alimentos, lo que en la práctica significó que fondos municipales, en teoría destinados a la emergencia, terminaran desviados en beneficio de unos pocos. Lejos de enfrentar la justicia, tanto Prieto como sus colaboradores han dilatado las investigaciones con diversas chicanas legales, lo que ha permitido que continúen con su cargo sin haber aclarado estas graves acusaciones.
El pasado 10 de abril, el juez de delitos económicos, Humberto Otazú, se sumó a esta causa al acoger la imputación del Ministerio Público contra Prieto y 13 de sus colaboradores. Las acusaciones se centran en hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Para mitigar posibles desfalcos y prevenir la pérdida de activos importantes, el juez decretó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, así como una prohibición para que estos vendan o graven sus propiedades.
Los llamados casos “Tía Chela” y “Tajy” han llegado a representar para la ciudadanía el rostro de una administración opaca y sospechosa. La Fiscalía señala que Prieto encabezaría un esquema en el cual recursos públicos de Ciudad del Este habrían sido desviados a empresas funcionales a su círculo de influencia, generando un perjuicio patrimonial que repercute directamente en la calidad de los servicios municipales y en el desarrollo de la ciudad.
A medida que las pruebas y los testimonios salen a la luz, es evidente que Ciudad del Este enfrenta un grave problema de confianza hacia sus autoridades. En lugar de resolver los conflictos judiciales y asumir su responsabilidad, el intendente Prieto y sus colaboradores parecen dedicarse a maniobras dilatorias. Mientras tanto, los proyectos urbanos y la seguridad financiera de la ciudad se ven cada vez más comprometidos.
El mensaje que se transmite con estas acciones es claro: los intereses particulares han pasado por encima de las necesidades colectivas. Para una ciudad como Ciudad del Este, donde abundan los desafíos, la administración debería enfocarse en generar transparencia y un cambio palpable en beneficio de sus habitantes, quienes día a día enfrentan problemas de infraestructura, seguridad y servicios públicos deficientes.
Es innegable que los ciudadanos merecen respuestas claras y contundentes por parte del intendente Miguel Prieto Vallejos. Las investigaciones de la Fiscalía no son meras acusaciones infundadas; representan una demanda de justicia y de restauración de la integridad en la función pública. Los residentes de Ciudad del Este no pueden ni deben ser los que paguen las consecuencias de una administración que ha puesto en entredicho la legalidad y la ética.
A medida que Prieto llega a esta marca de tres años en su mandato, su “mochila” de denuncias parece haber dejado de ser un problema personal para convertirse en una carga para toda la ciudad. Cada acusación, cada expediente y cada estrategia evasiva debilita la confianza ciudadana y afecta la imagen de Ciudad del Este. La transparencia y la rendición de cuentas no son solo deseos: son exigencias mínimas para quienes ocupan cargos públicos.
Si Miguel Prieto Vallejos realmente aspira a representar los intereses de su comunidad, es hora de que actúe en consecuencia. La ciudadanía está cansada de ver cómo se desvanecen sus recursos y se vulnera su confianza.
