El cementerio municipal de Presidente Franco, un lugar que debería consagrarse al descanso y la paz de los difuntos, se ha convertido en el epicentro de escándalos que revelan una inquietante mezcla de negligencia, abuso de poder y falta de control. La reciente denuncia de Carmen Keim, quien acusa a los encargados de profanación de tumbas y de un manejo irregular de los espacios de sepultura, solo añade una capa más a la larga lista de irregularidades que, lamentablemente, las autoridades locales no han querido enfrentar con seriedad.
El caso de Keim es particularmente indignante. Según su relato, al visitar la tumba de su padre encontró que el espacio había sido usurpado y ocupado por otro cuerpo, sin su conocimiento ni autorización. Este no es un hecho aislado; otros ciudadanos también han denunciado el mal manejo y la venta irregular de tumbas, además de la falta de transparencia en los cobros por servicios de limpieza y mantenimiento, que no se reflejan en las condiciones del lugar. Las familias son forzadas a pagar sumas anuales que, lejos de mejorar el estado del cementerio, solo parecen alimentar un negocio oscuro y sin ética.
Lo más alarmante es que estas prácticas parecen gozar de la tolerancia, si no del amparo, de la administración municipal. La acusación de que Aníbal Brizuela, encargado del cementerio y hermano del concejal Roberto Brizuela, estaría operando con impunidad bajo el manto protector del intendente Roque Godoy, es un golpe directo a la confianza pública en sus autoridades. ¿Hasta cuándo el jefe comunal se mantendrá en silencio? ¿Cuántas denuncias más son necesarias para que tome acción y demuestre que en su gobierno no hay lugar para estos atropellos?
El intendente Godoy y su administración deben comprender que el respeto por la memoria de los difuntos y el trato digno a sus familiares es una responsabilidad ineludible. La falta de intervención ante denuncias tan graves no solo refleja una insensibilidad preocupante, sino también una desidia que raya en la complicidad. Los habitantes de Presidente Franco merecen explicaciones y, sobre todo, medidas concretas que erradiquen los abusos que han convertido al cementerio en un símbolo de corrupción y desdén hacia el dolor ajeno.
Es urgente que el intendente ordene una auditoría independiente que revele el alcance real de estas irregularidades y sancione a los responsables. Los responsables de esta cadena de abusos deben rendir cuentas, y los espacios de sepultura deben volver a ser un lugar sagrado, exento de manejos turbios. Las familias merecen respeto, y los difuntos, paz; el deber del gobierno municipal es garantizarlo.
El caso de Carmen Keim y de otras familias afectadas exige que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado. La comunidad espera y exige justicia, no solo por estos casos individuales, sino para restablecer el principio básico de dignidad en un lugar que debería ser sagrado. Si la administración de Roque Godoy no toma cartas en el asunto, será recordada no por sus logros, sino por la insensible indiferencia que ha permitido que el abuso y la desidia se normalicen en uno de los servicios más fundamentales para cualquier comunidad.
