Una nueva denuncia sacude al cementerio municipal de Presidente Franco, donde una ciudadana acusa a los encargados de profanación de tumbas y venta irregular de espacios de sepultura. De acuerdo a la denunciante, la tumba de su padre fue abierta sin autorización y ocupada por otro cuerpo. La falta de acción de las autoridades ante estas barbaridades que vienen siendo denunciadas hace años genera indignación y pedidos de intervención inmediata para detener los presuntos abusos y proteger la dignidad de los fallecidos. El intendente Roque Godoy (PLRA) estaría en pleno conocimiento de la situación, pero no actúa, ya que el encargado del cementerio es hermano del concejal Roberto Brizuela, aliado y encubridor de las fechorías del jefe comunal.
La ciudadana Carmen Keim, de Presidente Franco, lanzó una grave denuncia a través de sus redes sociales, señalando a los encargados del cementerio municipal de Presidente Franco, como responsable de presuntas profanaciones de tumbas y negociados con los espacios de sepultura. El cementerio, ubicado en el barrio Santa Rosa, ha sido escenario de incidentes preocupantes que incluyen la remoción y “reubicación” de cadáveres sin autorización de los familiares. Aníbal Brizuela, hermano del concejal Roberto Brizuela, es acusado de utilizar su influencia para operar impunemente, protegido por el intendente Roque Godoy, quien estaría al tanto de las acusaciones, pero no toma medidas al respecto.
Keim relató un episodio impactante ocurrido el pasado viernes 1 de noviembre. Al visitar la tumba de su padre, Miguel de los Santos Keim, encontró que su espacio había sido ocupado por el cadáver de otra persona, identificado como Concepción Samudio, fallecida en septiembre de 2024. Según el relato, la tumba de su padre fue vaciada y ocupada sin su conocimiento ni autorización. La ciudadana expresó su dolor y consternación al enterarse que los restos de su padre habrían sido manipulados y posiblemente depositados en una bolsa o caja y “dejados en un costadito”. Esta práctica, explicó Keim, le fue informada por un sepulturero al que acudió en busca de respuestas.
La denuncia también resalta la preocupación de Keim por los cobros que realiza la administración del cementerio, con supuestas tarifas de limpieza y mantenimiento que nunca se reflejan en las condiciones del lugar. Asegura que el mantenimiento lo realizan los propios familiares, pese a los pagos regulares de unos 50.000 guaraníes por “usufructo” y otros 50.000 para limpieza, pagos que hace anualmente.
La situación en el cementerio municipal de Presidente Franco va más allá de este caso particular, ya que existen antecedentes de irregularidades atribuidas a Aníbal Brizuela. Se le acusa de realizar exhumaciones sin el consentimiento de los familiares y de vender los espacios al mejor postor. Estas acciones, que incluyen la reutilización de panteones sin autorización, han sido denunciadas previamente por otros ciudadanos. Varias personas han relatado casos similares, en los cuales, al visitar las tumbas de sus seres queridos, encuentran espacios ocupados por otros cuerpos o directamente desaparecidos.
El modus operandi señalado implica abrir panteones sin previo aviso, exhumar restos y asignar esos espacios a nuevos ocupantes, cuyos familiares pagan por acceder a esos lugares de descanso para los difuntos. Keim expresó su indignación por esta situación, cuestionando cómo las autoridades locales, en este caso, la administración municipal, pueden permitir semejante atropello contra los derechos de las familias y la memoria de sus difuntos.
En su mensaje público, exigió la intervención del intendente Roque Godoy, a quien señaló de estar en conocimiento de estos actos. “Es una vergüenza lo que está pasando en su municipio”, escribió, solicitando que se tomen acciones inmediatas para poner fin a estos abusos. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado medidas disciplinarias o investigaciones por parte de la intendencia, lo que deja la impresión de una complicidad implícita.
En su denuncia, Keim también incluyó evidencias, como recibos de pago que demuestran su cumplimiento con las tarifas establecidas, y el reclamo sobre la falta de comunicación con los familiares en casos de decisiones drásticas, como la remoción de cadáveres. “Mi papá no tiene más voz, pero yo soy su voz y voy a llegar hasta la última instancia”, manifestó, asegurando que no descansará hasta que se haga justicia por su caso y el de otras familias que atraviesan situaciones similares.
La denuncia de Carmen Keim ha despertado una fuerte reacción en las redes sociales, donde otros ciudadanos también han manifestado su descontento con la gestión del cementerio y la aparente impunidad de Aníbal Brizuela. La situación demanda una respuesta de las autoridades municipales, quienes hasta el momento no han hecho declaraciones oficiales. La comunidad espera que la denuncia impulse acciones concretas para frenar los presuntos abusos en el cementerio y resguardar el respeto y la dignidad que merecen los difuntos y sus familiares.
