La Policía del Alto Paraná enfrenta nuevamente serios cuestionamientos luego de que se difundieran audios comprometedores en los que agentes de la subcomisaría 47ª de la Colonia Jerusalén II, presuntamente, extorsionaron a un ciudadano, exigiendo una millonaria coima para liberar su vehículo y al conductor. En respuesta al escándalo, el director, comisario general inspector Feliciano Martínez, dispuso la intervención y traslado de todo el personal de la dependencia y ordenó que los antecedentes sean enviados a la Dirección de Asuntos Internos para iniciar un sumario. Sin embargo, las medidas son percibidas como insuficientes, alimentando sospechas de que buscan minimizar el impacto mediático y proteger a los involucrados, quienes podrían ser blanqueados.
El hecho se originó el viernes de la semana pasada, cuando agentes de dicha subcomisaría interceptaron a Wilson Garcete, quien conducía una camioneta con matrícula argentina, el pasado viernes. Aunque Garcete presentó los documentos en regla, los policías demandaron una suma inicial de G. 15 millones para liberar el vehículo, negociación que se prolongó con una serie de exigencias y presiones. Los audios revelan la voz de un agente, identificado supuestamente como el suboficial Héctor Cáceres, quien aparentemente coordinaba la extorsión. Según el material, Cáceres justificaba el pago alegando supuestas irregularidades en el chasis del vehículo, una afirmación desmentida por el propietario, quien confirmó que el vehículo había pasado una inspección legal.
La situación se agrava al conocerse que el subcomisario César Muñoz, exjefe de la aubcomisaría 47ª y con antecedentes de corrupción, sería el “cerebro” detrás de esta operación extorsiva. Muñoz, quien ya había estado bajo investigación durante el Operativo Heiwa, deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal Zunilda Ocampos, asignada al caso Heiwa, este 30 de octubre. Durante ese operativo, que expuso redes de colaboración entre la Policía y grupos criminales, se encontraron indicios de una posible colusión de Muñoz con la llamada “gavilla de Yguazú”, y aunque el caso quedó en Asuntos Internos, no ha habido resoluciones contundentes.
NO HAY INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Pese a la gravedad de los hechos y el evidente abuso de autoridad, la Fiscalía aún no ha formulado una denuncia formal por tentativa de soborno. La agente fiscal María del Carmen Meza, notificada del caso, se limitó a remitir los antecedentes al juzgado penal de garantías, aunque al hacerse público el caso, pudo haber iniciado una investigación de oficio, por el caso de los audios revelando el intento de soborno. Este proceder del Ministerio Público ha generado indignación, ya que se teme que el caso siga el patrón de investigaciones previas de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que a menudo concluyen sin sanciones reales para los agentes implicados.
El incidente, que se suma a otras denuncias de corrupción policial en Alto Paraná, destaca una práctica institucional que parece enraizada y difícil de erradicar. La ciudadanía observa con escepticismo el curso de la investigación, pues casos anteriores, como el Operativo Heiwa, donde también se encontraron indicios de corrupción policial, siguen sin resolverse y más bien tienden al folclórico “oparei”.