Un grave incidente causado por un policía “gatillo fácil” sigue sin justicia. El suboficial ayudante Enrique Nicolás Torres Gamarra disparó en las piernas a su propio hermano, Brígido Isaac Torres Gamarra, un joven de 23 años, el pasado 11 de septiembre. A pesar de las pruebas y la denuncia formal, el uniformado sigue ejerciendo tranquilamente sus funciones en la comisaría 1ª de Ciudad del Este, aparentemente protegido por las influencias de su madre, la comisario Esmelda Gamarra, jefa de la subcomisaría 10ª del barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. A más de un mes del hecho, el acusado ni siquiera fue imputado por la Fiscalía.
La denuncia presentada por Brígido Isaac Torres Gamarra, bajo acta nº 915/2024, describe que el ataque sucedió en la mencionada fecha, alrededor de las 19:00, en su residencia en el barrio San Miguel, en el km 5 Monday de Pdte. Franco. Según el relato de la víctima, una discusión familiar escaló rápidamente cuando el agente policial sacó su arma de fuego y le disparó en la pierna derecha, causando una fractura seria que acabó atravesando ambos miembros inferiores. Como consecuencia del ataque, el joven Torres Gamarra, futbolita del Club 3 de Febrero, se sometió a una cirugía para reparar el daño en ambas piernas, pero los médicos temen que nunca podrá volver a jugar al fútbol, debido a las lesiones sufridas.
La situación genera indignación, pues hasta la fecha, más de un mes del suceso, el agente “gatillo fácil” no fue procesado por la Fiscalía ni siquiera fue apartado de sus funciones. La fiscal Viviana Sánchez, asignada al caso, tampoco avanzó significativamente en la investigación.
Testimonios y fuentes locales señalan que la madre del autor, la comisario Esmelda Gamarra, intervino para evitar que el caso siga su curso normal. Además, el comisario principal Francisco Rolón, jefe de la comisaría 1ª de Ciudad del Este y superior directo de Torres Gamarra, también ha sido acusado de proteger al suboficial a pesar de su historial violento.
IMPULSIVO Y PELIGROSO
Este caso deja en evidencia un problema que va más allá de la disputa familiar y se convierte en una cuestión de justicia y de seguridad para la comunidad. Parientes, vecinos y amigos de la víctima expresaron su preocupación por la conducta del agente, al que describen como impulsivo y peligroso. La falta de consecuencias para este comportamiento representa un riesgo latente para los ciudadanos, que exigen una respuesta firme por parte de las autoridades judiciales y policiales.
El caso sigue sin resolverse y el suboficial continúa en funciones, en lo que parece ser un ejemplo claro de impunidad facilitada por influencias familiares. Para la comunidad y la sociedad en general, el mensaje es inquietante: un policía que atenta contra la vida de su propio hermano no solo evade la justicia, sino que permanece en un cargo desde el cual debería proteger a la ciudadanía.
