Una vez más, la Policía Nacional del Alto Paraná se encuentra en el centro de una tormenta de indignación pública debido a denuncias de corrupción. El reciente caso, en el cual agentes de la Subcomisaría N°47, encabezados por el subcomisario César Muñoz, supuestamente extorsionaron a un conductor en Colonia Jerusalén II, expone una corrupción tan evidente como alarmante. Audios filtrados de esta extorsión, donde los oficiales exigían una millonaria coima para liberar el vehículo y su conductor, son un testimonio crudo del abuso de poder que algunos agentes ejercen con total descaro, erosionando cada vez más la ya frágil confianza ciudadana en la institución.
El subcomisario Muñoz, quien ya tiene antecedentes de presunta colusión con redes delictivas en el Operativo Heiwa, es el ejemplo del tipo de elementos que deben ser apartados de la institución. Su continuidad en la fuerza, a pesar de estas acusaciones y de investigaciones aún inconclusas, sugiere una grave negligencia en los controles internos de la Policía Nacional. La falta de resolución en los casos previos no solo debilita la autoridad de la Policía, sino que alimenta la percepción de que las investigaciones internas son una simple formalidad, sin voluntad real de erradicar a los corruptos y criminales en uniforme.
La ciudadanía merece una Policía confiable, un cuerpo de agentes que proteja y respete las leyes en lugar de violarlas con impunidad. Los casos de extorsión, coimas y abuso de poder no solo son actos delictivos; son atentados contra la dignidad de la población y contra la seguridad pública, que se ve vulnerada por quienes deberían protegerla. Esta situación se torna aún más crítica cuando los responsables de estos abusos están protegidos, directa o indirectamente, por la misma institución que deberían honrar.
Es imperativo que el comandante de la Policía Nacional y las autoridades de Asuntos Internos tomen medidas rápidas y enérgicas para limpiar las filas de la institución. No bastan investigaciones que queden en el aire; hace falta una acción firme que ponga un alto a estos atropellos y remueva a los agentes corruptos. En este caso, ya fueron trasladados y sumariados todos los acusados. Un primer paso importante, pero igualmente deben mejorar los controles internos y exigir responsabilidad y transparencia en todos los niveles de la institución debe ser una prioridad absoluta. De no hacerlo, la Policía Nacional continuará socavando su propia autoridad y perdiendo el respeto de una ciudadanía que exige justicia y honestidad en sus fuerzas de seguridad.
En un contexto donde la delincuencia amenaza con infiltrarse en el mismo sistema que debería combatirla, no podemos permitir que elementos corruptos como los que hoy protagonizan estos escándalos sigan operando desde dentro. Extirparlos es una obligación y un deber ineludible si queremos construir una sociedad donde la ley y el orden sean realmente una garantía para todos.