El reciente caso que involucra a la jueza Carina Frutos Recalde, la fiscal Viviana Sánchez y la concejal departamental Julia Ferreira revela un entramado de influencias que ha dejado a un peligroso delincuente en libertad. Esta situación no solo socava el trabajo de la Policía Nacional, sino que pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial.
La liberación de Rodrigo Leonel Centurión, sindicado como el cabecilla de una banda criminal dedicada al robo de celulares de alta gama, es un claro ejemplo de cómo los hilos del poder pueden torcer la justicia. A pesar de las contundentes evidencias halladas en el allanamiento, incluyendo prendas de vestir, armas y hasta el DVR del circuito cerrado con imágenes incriminatorias, la fiscal del caso decidió imputarlo por un delito menor: violación de la ley de armas. Este cambio estratégico abrió la puerta para que la jueza Frutos le otorgara medidas alternativas a la prisión, sin siquiera imponer arresto domiciliario.
No es casualidad que Julia Ferreira, abogada defensora y también concejal departamental, haya utilizado sus influencias políticas para asegurar la libertad de su cliente. La conexión entre Ferreira y la fiscal Sánchez es evidente, y juntas parecen haber utilizado el poder judicial como un tablero de juego, en donde las reglas cambian según la conveniencia del momento. El resultado: un peligroso delincuente queda en libertad, y el arduo trabajo de la Policía Nacional se tira por la borda.
Este tipo de confabulación no solo destruye la confianza en las instituciones, sino que también expone a la ciudadanía a un riesgo aún mayor. Los criminales, ahora envalentonados por la facilidad con la que manipulan el sistema judicial, pueden continuar con sus actividades ilícitas, sabiendo que siempre habrá una puerta de salida si cuentan con las conexiones adecuadas. Y mientras tanto, los agentes de la Policía, quienes se esfuerzan en investigar y capturar a estos delincuentes, son relegados a meros espectadores de cómo se desmorona su labor ante la complicidad de jueces, fiscales y abogados que, en lugar de defender la justicia, optan por defender intereses personales.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuánto poder pueden tener unas cuantas influencias para torcer el curso de la justicia en Paraguay? ¿Hasta cuándo se permitirá que los lazos políticos pesen más que la ley? La ciudadanía merece respuestas y, sobre todo, acciones contundentes para evitar que estos actos de corrupción sigan ocurriendo. Si queremos una sociedad más segura y justa, es imperativo que los actores judiciales responsables de estos desmanejos sean investigados y sancionados.
Lo sucedido con Rodrigo Leonel Centurión no es un caso aislado; es un reflejo de un sistema que permite que los delincuentes se libren fácilmente, mientras que la justicia parece cada vez más distante para los ciudadanos de bien. La liberación de este presunto cabecilla de una banda de asaltantes no solo pone en riesgo a la población, sino que envía un mensaje claro a otros criminales: si tienes las conexiones adecuadas, la justicia será solo un obstáculo fácilmente evadible.
Es hora de exigir una depuración en los estamentos judiciales y fiscales. No podemos seguir permitiendo que personas con poder manipulen los hilos de la justicia a su conveniencia. La lucha contra el crimen debe ir de la mano con una justicia que sea imparcial y decidida a actuar en favor del bienestar de la sociedad, y no en favor de quienes ostentan el poder.