La denuncia presentada por el concejal Hugo Mendoza contra el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, ha sacado a la luz una preocupante crisis de transparencia que amenaza con corroer la confianza pública. Lo que podría haber sido un procedimiento normal de fiscalización se ha convertido en un alarmante ejemplo de cómo el silencio y el encubrimiento parecen prevalecer en la administración municipal. A esto se suma el inquietante rol de la Fiscalía, que ha manejado el caso de manera sugestiva, haciendo crecer las sospechas de una posible manipulación o dilación en la investigación.
El concejal Mendoza, ejerciendo su derecho bajo la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, solicitó reiteradamente informes sobre aspectos clave de la gestión municipal: la adjudicación y ejecución de obras, el uso de fondos públicos y la contratación de personal. Sin embargo, la respuesta del intendente Godoy ha sido el más absoluto silencio. Esta falta de rendición de cuentas, además de violar una ley fundamental para la transparencia, refleja un profundo desprecio hacia los ciudadanos que tienen el derecho de saber cómo se utilizan los recursos que provienen de sus impuestos.
Más grave aún es el rol que ha jugado la Fiscalía en este proceso. Desde que Mendoza presentó la denuncia en junio, sobre las obras de refacción en el polideportivo municipal y los consabidos problemas sobre el caso, solicitando que la causa fuera investigada por la unidad fiscal anticorrupción y de delitos económicos de la capital, la Fiscalía decidió devolver el expediente a la unidad ordinaria en Presidente Franco bajo el argumento de la territorialidad. Esta decisión ha suscitado dudas sobre la imparcialidad de la investigación, especialmente cuando se descubrió que ya estaba a punto de emitirse una orden de búsqueda y localización contra el propio denunciante, sin que este hubiera sido debidamente notificado.
La Fiscalía, que debería ser garante de la legalidad y la transparencia, parece estar manejando el caso con un enfoque sugestivo que no contribuye a disipar las dudas. ¿Por qué no se consideró la pertinencia de que el caso fuera tratado en una unidad anticorrupción, si los hechos denunciados involucran presuntos delitos graves como estafa, lesión de confianza y falsificación de documentos? La falta de firmeza de la Fiscalía no solo pone en peligro el proceso de justicia, sino que también alimenta la percepción de que hay intereses oscuros en juego que buscan proteger a los responsables.
La situación se torna más sospechosa cuando se observa la actitud de Magdalena Montiel, asesora externa del intendente Godoy, quien ha mantenido un silencio cómplice frente a las irregularidades. Montiel, paradójicamente, es conocida por sus denuncias implacables contra otros municipios, pero parece haber hecho la vista gorda ante los posibles actos de corrupción en la administración a la que asesora. Este doble estándar no solo afecta su credibilidad, sino que pone en entredicho su compromiso con la justicia y la transparencia.
La opacidad en la administración de Presidente Franco es más que un problema administrativo: es un atentado contra la confianza pública. El caso del polideportivo municipal, donde las obras fueron certificadas como terminadas a pesar de que seguían en ejecución, es solo uno de los tantos ejemplos de cómo se maneja el municipio. ¿Cómo se puede hablar de democracia local si quienes gobiernan no están dispuestos a rendir cuentas? La transparencia no es un favor que los funcionarios hacen a los ciudadanos, es una obligación, y cuando esta se vulnera, el sistema entero se tambalea.
La Fiscalía y la Contraloría General de la República tienen una responsabilidad ineludible en este caso. No basta con delegar la investigación de un lado a otro; es imperativo que actúen con la firmeza que la situación amerita.