TIEMPO EN ALTO PARANÁ

SNPP dicta cursos con certificación para las comunidades vulnerables

El Ministerio Público en Paraguay ha mostrado, una y otra vez, su inclinación a favorecer a quienes ostentan el poder, en detrimento de una justicia equitativa e imparcial. Esta situación, lejos de ser una excepción, se ha convertido en una norma alarmante que debilita las instituciones del país y deslegitima el sistema judicial. Las actuaciones de la fiscal Alma Belinda Zayas en dos casos emblemáticos, uno relacionado al intendente de Hernandarias, Nelson Cano, y el otro al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, son claros ejemplos de cómo la justicia no mide con la misma vara a todos, sino que se ajusta a conveniencias políticas.

El caso de Nelson Cano, denunciado hace casi dos años por graves hechos de corrupción, permanece virtualmente congelado en la Fiscalía, a pesar de las contundentes pruebas que lo señalan. La fiscal Zayas, encargada de este expediente, ha permitido que el proceso se dilate sin justificación, beneficiando así al intendente Cano, quien pertenece al Partido Colorado, el grupo político más poderoso del país. A pesar de los reiterados pedidos de los concejales Nilda Venialgo y Germán Ibarrola para que se avance con la imputación y las diligencias necesarias, el expediente sigue en el limbo, permitiendo que Cano continúe ejerciendo su cargo sin enfrentar ninguna consecuencia por los delitos de los que se le acusa.

El contraste con el caso de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, es abrumador. Prieto, quien no está vinculado al Partido Colorado, ha sido objeto de una celeridad judicial sorprendente en relación con la supuesta compra irregular de kits de alimentos durante la pandemia. La misma fiscal Zayas que mantiene el caso de Nelson Cano estancado, actuó con inusitada rapidez para imputar a Prieto, lo que revela un evidente manejo discrecional de los tiempos procesales según la afiliación política de los involucrados.

Este desequilibrio en el accionar de la justicia no solo evidencia la falta de imparcialidad del Ministerio Público, sino que expone una realidad inaceptable: la balanza judicial en Paraguay se inclina, con frecuencia, del lado del poder político, favoreciendo a aquellos que están alineados con el Partido Colorado, mientras que los opositores enfrentan una persecución implacable.

El Ministerio Público, liderado por el fiscal general Emiliano Rolón, ha fallado en su promesa de impartir «justicia igual para todos». Los hechos demuestran que la Fiscalía actúa como un brazo político que protege a los aliados del oficialismo y persigue a quienes se oponen al sistema establecido. Esta selectividad en el accionar de la justicia no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que perpetúa un sistema de corrupción e impunidad que afecta gravemente el desarrollo democrático del país.

En este contexto, resulta imperativo que el Ministerio Público se someta a una profunda autocrítica y ajuste sus procedimientos para garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo sin influencias externas. La justicia no puede continuar siendo un instrumento de poder al servicio de intereses políticos. Los ciudadanos paraguayos merecen un sistema judicial que actúe con independencia, que aplique la ley de manera equitativa y que no distinga entre partidos, colores o figuras de poder.

Si el Ministerio Público no rectifica su rumbo, el país seguirá atrapado en un ciclo de corrupción e impunidad, donde la justicia será solo un privilegio de unos pocos, mientras que los derechos y la equidad seguirán siendo una aspiración inalcanzable para la mayoría.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

TIEMPO EN ALTO PARANÁ

COTIZACIÓN DEL DÓLAR

USD1
Estados Unidos Dólar. USA
=
7.821,57
PYG 0,00%
0,93
EUR +1,48%
5,82
BRL +1,42%
992,78
ARS 0,00%
41,62
UYU 0,00%