Es inadmisible que en pleno siglo XXI, Paraguay siga siendo escenario de una práctica tan anacrónica y profundamente injusta como el criadazgo. Según datos oficiales, más de 47.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran sometidos a este régimen, una forma moderna de servidumbre disfrazada de “costumbre” o “tradición”, que perpetúa el abuso, la explotación y la vulneración sistemática de los derechos humanos más básicos.
A lo largo de los años, esta práctica ha sido objeto de innumerables denuncias, no solo por los evidentes signos de explotación laboral, sino también por las terribles consecuencias que surgen paralelamente, como el abuso sexual y el maltrato físico y psicológico. El criadazgo no es un acto de caridad, como algunos intentan justificarlo. Es una estructura de poder que somete a menores de edad, quienes deberían estar en las escuelas, recibiendo educación y disfrutando de su infancia, no sirviendo en hogares ajenos bajo condiciones de esclavitud encubierta.
Los datos que arroja el Observatorio del Ministerio Público son escalofriantes. Entre el 2022 y 2023, Paraguay registró un promedio de 10 denuncias diarias de abusos a menores, muchas de ellas relacionadas con situaciones de criadazgo. Este año, hasta agosto, ya se han registrado más de 2.163 casos. Y si bien estas cifras ya son alarmantes, la realidad podría ser mucho peor. Los analistas sociales advierten sobre un subregistro importante de casos, lo que implica que los números reales podrían duplicar lo oficialmente conocido.
El abuso infantil en Paraguay ocurre cada tres horas, una realidad que debería estremecer a cualquier sociedad. Sin embargo, el criadazgo sigue siendo permitido, y la respuesta del Estado ha sido tibia, insuficiente y permisiva. El gobierno no puede seguir escudándose en las dificultades socioeconómicas o en la tradición cultural para justificar la perpetuación de esta práctica. Es necesario un compromiso real para terminar con esta lacra social de una vez por todas.
Las leyes están, pero su aplicación es débil y los mecanismos de protección para las víctimas son ineficaces. Es urgente que el Gobierno adopte medidas efectivas y contundentes para erradicar el criadazgo. La creación de políticas públicas que promuevan la educación, el acceso a la salud y la protección integral de los derechos de la infancia no es solo una recomendación, sino una obligación moral y legal. Además, deben fortalecerse las campañas de concienciación y los programas de asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad, para que los niños no se vean obligados a vivir bajo un régimen de servidumbre.
El Paraguay de hoy no puede permitirse seguir siendo cómplice de una práctica que atrofia el crecimiento integral de sus niñas, niños y adolescentes. El futuro del país depende de cómo tratemos a nuestros menores, y permitir que miles de ellos sigan siendo explotados bajo el criadazgo es condenar a Paraguay a una profunda herida social que difícilmente sanará.
Es hora de que el Gobierno actúe con determinación y voluntad política. No se trata solo de aprobar nuevas leyes, sino de hacer cumplir las ya existentes, de proteger a los más vulnerables y de generar las condiciones necesarias para que ninguna niña o niño más en Paraguay crezca bajo este régimen. El criadazgo es una vergüenza nacional, y la única respuesta aceptable es su total y definitiva erradicación.