Mientras el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intenta proyectar una imagen de “trabajador y honesto” en sus redes sociales, la realidad para los funcionarios municipales es muy distinta. A pocos días de concluir septiembre, no percibieron aún sus salarios de agosto, lo que generó un ambiente de indignación y frustración en la Comuna. La causa, según denuncian, radica en la mala gestión de la actual administración, que llevó al Ministerio de Economía y Finanzas a retener los desembolsos de los recursos de Fonacide y Royalties, afectando directamente el flujo financiero de la Municipalidad.
Los trabajadores, quienes prefieren mantener sus identidades en reserva por temor a represalias, señalaron que la situación se volvió insostenible. Aseguran que existe una evidente priorización en los pagos, donde los altos funcionarios y asesores (muchos planilleros, que no acuden a sus puestos laborales) reciben sus salarios primero, mientras que el personal contratado y gran parte del funcionariado permanente siguen esperando el depósito de sus haberes. Este trato desigual fue calificado por ellos como una “vergüenza”.
La crisis financiera se refleja también en la falta de insumos básicos para la operatividad municipal. La escasez de materiales para la impresión de registros de conducir y carnés de habilitación vehicular provocó demoras significativas en la atención a los contribuyentes. Los proveedores, debido a la falta de pago, redujeron sus entregas a cuentagotas, obligando a muchos ciudadanos a posponer sus trámites.
“Estamos muy decepcionados. Si no nos pagan antes, ni siquiera iremos a la fiesta de la juventud que está organizando el intendente Prieto”, mencionó un funcionario, reflejando el descontento generalizado.
Mientras tanto, en un contraste marcado, Miguel Prieto se dedica a destacar en redes sociales las obras de asfaltado y bacheo que se realizan en la ciudad. Inclusive se “luce” con indumentaria de obrero, aunque esto es sOlo “para la foto” en el Facebook. En estos días, la Fiscalía realizó allanamientos simultáneos en varias dependencias municipales y empresas privadas en el marco de la investigación de supuestas irregularidades cometidas durante la pandemia. Los operativos fueron encabezados por los fiscales Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero.
COLECCIONADOR DE DENUNCIAS Y PROCESOS
Prieto enfrenta actualmente 41 denuncias por presuntas irregularidades en su administración, muchas de las cuales datan del período 2019-2022. Entre los casos más graves se encuentra la supuesta compra ficticia de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000. Según la denuncia, estas adquisiciones habrían causado un perjuicio económico significativo a la municipalidad, involucrando a la empresa Tía Chela S.R.L. en el esquema.
Además, se investigan otras supuestas irregularidades, como la entrega ficticia de mercaderías, a pesar de haberse efectuado pagos millonarios. Según el Ministerio Público, Emili Vanessa Florentín Páez, quien era asesora jurídica de la intendencia en ese momento, colaboró en la creación de un esquema para encubrir estas operaciones fraudulentas. A través de su empresa Vanemi S.A., Florentín se convirtió en la principal subproveedora de Tía Chela, con facturas ficticias por G. 692.155.023, dentro de un perjuicio total de G. 2.130.036.160.
Estos son solo algunos de los numerosos casos bajo investigación que ponen en tela de juicio la gestión del intendente Miguel Prieto, quien continúa enfrentando fuertes cuestionamientos, tanto desde el ámbito judicial como desde el propio personal municipal, que aún espera el pago de sus salarios atrasados.