TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Miembros del JEM siguen protegiendo a dos cuestionadas a juezas de CDE

Las juezas siguen con la protección de miembros del JEM.

Lejos de su misional, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sigue encubriendo abiertamente a dos juezas de la niñez y la adolescencia de la Sexta Circunscripción Judicial presuntamente involucradas en violaciones graves de la ley. En su momento, la propia presidente del órgano extrapoder, Alicia Pucheta, representante del presidente de la República, prometió sancionar severamente a las magistradas.

Tampoco en su sesión del pasado jueves 12, figuró en el orden del día del JEM el tratamiento del grave caso que afecta por separado a las juezas de la niñez y la adolescencia de Ciudad del Este, Guillermina Ramírez de Giubbi y Alicia Villamayor de Godoy, del quinto y tercer turno, respectivamente. Un rosario de violaciones a las leyes especiales que protegen a niños y adolescentes corona el grave hecho.

Habían fijado el plazo de 20 días al tomar conocimiento del caso para preparar el proceso contra las citadas juezas, pero este es el momento que ni se habla del tema.

FUERTES SOSPECHAS DE GRAN NEGOCIADO

Ramírez de Giubbi habría recibido una fuerte suma de dinero para resolver la restitución de un niño que vivió durante 9 años con sus abuelos paternos a su madre, recién regresada de Europa y encargó a la ujier Fátima Cataldo el cumplimiento de su decisorio. Cataldo hizo de agente fiscal y de Policía al allanar el domicilio para bajo amenazas, llevar al niño a cargo de su desconocida madre.

La Clave se había hecho voz de los abuelos que impotentes pedían auxilio para la vuelta del niño a la vivienda. Entonces, la juez de Giubbi pidió el concurso de su colega Alicia de Godoy y esta, sin más trámites, ordenó el silencio de los medios de comunicación sobre la cuestión y hasta que se borre de las páginas electrónicas, las fotos y el contenido con respecto a la cuestión.

El caso llegó a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a través de la corresponsal de La Clave en la capital del país. La primera reacción de Alicia Pucheta, por entonces, fue iniciar procedimiento penal contra las magistradas citadas y aplicarles una sanción ejemplificadora. El compromiso duró muy poco, puesto que pasaron tres meses y siete días, pero el plazo de 20 dís de Pucheta jamás llegó.

Con esta permisividad y selectividad, el JEM, de hecho, ya perdió tiempo atrás su condición de órgano juzgador y pasó a ser no más, que una “cantinita” de la esquina, donde jueces venales y corruptos compran su permanencia en sus cargos.

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