Con elementos que consideran suficientes para sospechar de otro caso de desvío solapado de dinero de las arcas comunales, la Contraloría Ciudadana oficializará esta mañana, a las 09:30, denuncia penal por lesión de confianza y asociación criminal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el Ministerio Público.
La denuncia penal es contra Prieto en su carácter de intendente municipal de Ciudad del Este y quienes resultaren responsables de los hechos denunciados, consistentes en presuntos negociados y malversaciones en torno a la mensura judicial de la “finca 66”. El trabajo fue adjudicado a la firma Geocad Consultoría, topografía y ambiental, propiedad de Jorge Daniel Quintana López.
Por el trabajo se abonó la suma de G. 2.673.000.000, según el escrito ya socializado en las páginas del ente contralor ciudadano, ante graves hechos detectados.
NÚMEROS EXHORBITANTES
De acuerdo al análisis de los denunciantes, el intendente Prieto abonó al margen de la ley sumas siderales de dinero al solo efecto de desviar recursos financieros de la Municipalidad de Ciudad del Este, causando un grave perjuicio patrimonial, específicamente en estudio de antecedentes de título, G. 267.300.000, relevamiento y amojonamiento de los inmuebles la suma de G. 267.300.000.
La publicación de la mensura judicial también costó la misma suma, es decir, G. 267.300.000, la constitución de un juez de paz para el inicio de la mensura, también G. 267.300.000, el acompañamiento del MOPC y el Servicio Nacional de Catastro costó, igualmente, según las facturas, G. 267.300.000. En los cinco rubros citados, se desembolsó la misma cifra de dinero.
Los denunciantes presentaron como evidencia fundamental la tabla de costos establecida por Ley 1.307/87, que establece el arancel del notario público, con los que demuestra fehacientemente la falta de correspondencia entre las previsiones y las abonadas por Miguel Prieto a la firma Geocad, según las documentaciones que acompañan el escrito a ser presentado esta mañana.
La Contraloría Ciudadana logró las documentaciones oficiales en torno a la mensura judicial de finca 66, pero halló suficientes elementos para refutar uno a uno los desembolsos al margen de la ley para tal ejecución. Ahora, el ente se aboca a analizar la conducta de cada uno de los fiscales designados para investigar sus denuncias y no descartan denunciarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
