Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), está en el centro de una tormenta de críticas y denuncias que ponen en entredicho su gestión al frente de la institución. Dirigentes sindicales y campesinos han revelado irregularidades en la titulación de tierras, acusaciones de derroche de recursos y una alarmante inacción frente a los conflictos agrarios. A un año de su nombramiento, la gestión de Ruiz Díaz es fuertemente cuestionada, generando serias dudas sobre su capacidad para liderar una institución clave para el desarrollo rural en Paraguay.
Dirigentes sindicales del INDERT, encabezados por el ingeniero Lino Ávila, junto con líderes campesinos, como Ángel Varela y Marina Cuquejo, alzaron la voz para denunciar graves irregularidades bajo la gestión del presidente del organismo, Francisco Ruiz Díaz. En una conferencia de prensa, revelaron detalles que cuestionan seriamente la transparencia y efectividad de la administración actual.
Uno de los puntos más destacados en las denuncias es la falsificación de datos referentes a los títulos finiquitados. Según Ávila, el sindicato obtuvo un listado de estos documentos en el que se evidencian discrepancias con las cifras publicadas por la administración de Ruiz Díaz. De hecho, el INDERT dejó de publicar estos datos en su página web oficial, lo que sugiere un intento de ocultar la verdadera situación.
“Los datos reales de titulación durante el gobierno de Santiago Peña, de agosto de 2023 al 14 de agosto de 2024, ascienden a 2.748 títulos debidamente inscriptos en los Registros Públicos. Sin embargo, el INDERT reportó falsamente un total de 6.502 títulos finiquitados, una cifra que no se ajusta a la realidad”, señaló Ávila.
Además, se cuestiona el uso del presupuesto asignado al proyecto SIRT (Sistema de Información de Recursos de la Tierra). De los 8.600 millones de guaraníes asignados en solo seis meses, los fondos se agotaron completamente, sin que ello se traduzca en un aumento significativo en la producción técnica. La administración actual solicitó una ampliación presupuestaria de más de 6.000 millones de guaraníes, una medida que ha generado controversia.
ACUSACIONES DE BLANQUEO DE TIERRAS Y DESPILFARRO
Las críticas hacia Francisco Ruiz Díaz no se limitan a la manipulación de datos. También se le acusa de ser un experto en “blanquear” tierras del Estado a favor de terratenientes y empresarios, en detrimento de las comunidades campesinas que deberían beneficiarse de la Reforma Agraria. En departamentos, como Alto Paraná, los conflictos por tierras no recibieron la atención necesaria, dejando a las familias campesinas en un estado de incertidumbre y abandono.
El documento presentado por Ávila detalla el millonario derroche en salarios y contrataciones. Se destaca un aumento del 100% en los gastos salariales del proyecto SIRT en comparación con el año anterior, alcanzando los 761.500.000 guaraníes. Un 60% de los recursos se destinan a lo que se denomina “Fortalecimiento Institucional”, que en realidad consiste en la contratación de asesores y consultorías, con un costo anual de más de 1.200 millones de guaraníes.
Entre los beneficiados por estos contratos figuran asesores con salarios elevados, como Horacio Isaías Enciso, quien cobra 18 millones de guaraníes mensuales como “asesor de comunicación”, y la argentina Beatriz Rodríguez, que recibe la misma suma como asesora de mediación y conflictos laborales. El chileno Roberto Rodrigo Pantoja cobra 16 millones, como asesor en tasación y evalúo de tierras y Carmen Lidia Carolina Ubaldi factura 17 millones, como coordinadora del proyecto SIRD.
Según los denunciantes, “ante los sucesivos viajes y ausencias del presidente de INDERT, la argentina Myriam Rodríguez es la que dirige la institución, con amplio poder de decisión, sin estar en el organigrama institucional y sin firmar ningún documento. Hay un derroche en viáticos y combustibles sin precedentes en los viajes de entrega de títulos y audiencias públicas”. Además, Ruiz Díaz viola la Ley al puntear a la Junta Asesora y de Control, al no contar con la aprobación del pedido de ampliación presupuestaria. En abierta contradicción con lo establecido en la Ley 2.419 que crea el INDERT, presentó un pedido de ampliación y modificación de presupuesto anual del 2024, haciendo caso omiso a lo establecido en los artículos de la mencionada ley.
La gestión de Ruiz Díaz fue objeto de duras críticas por su inacción y la centralización del poder en Asunción, lo que dejó a las regiones, especialmente a Alto Paraná, en un estado de inoperancia. Funcionarios subalternos denunciaron que, en lugar de promover la Reforma Agraria, el equipo político de Honor Colorado se dedicó a perseguir a aquellos que no pertenecen a su facción, intensificando las tensiones internas.
A un año de asumir el cargo, Francisco Ruiz Díaz enfrenta una creciente presión para demostrar resultados concretos. Sin embargo, las críticas y denuncias que lo rodean continúan acumulándose, cuestionando su liderazgo y la transparencia de su gestión. Mientras tanto, las comunidades que dependen del INDERT siguen esperando soluciones a los problemas que afectan sus vidas.
