El Ministerio Público, institución que debería ser el baluarte de la justicia y la equidad, se encuentra bajo una sombra cada vez más oscura en la región II, donde la corrupción y la inacción de ciertos agentes fiscales están dejando a las víctimas de delitos en un estado de total desamparo. Un caso reciente ilustra de manera alarmante esta preocupante realidad: la trágica muerte de Nelson David Garay Balmaceda, quien falleció tras agonizar durante tres meses a causa de un accidente de tránsito presuntamente provocado por Arnaldo Ramírez Bogado.
Lo que debería haber sido un proceso claro y transparente para buscar justicia, se ha convertido en un ejemplo flagrante de cómo algunos agentes del Ministerio Público eligen aliarse con aquellos que cometen delitos, en lugar de cumplir con su deber de proteger a las víctimas y castigar a los culpables. En este caso, la fiscal Julia González no solo falló en ordenar una prueba de alcotest al sospechoso, sino que también, según denuncias, habría permitido que su asistente, Zulma Zarza, recibiera una considerable suma de dinero para garantizar la impunidad de Ramírez Bogado.
La falta de acción del Ministerio Público es inexcusable. A pesar de que ha pasado más de un año y medio desde el accidente, no se han realizado las diligencias preliminares necesarias para llevar a cabo una investigación seria. ¿Cómo es posible que, en un caso tan claro de negligencia y posible influencia indebida, las autoridades responsables simplemente miren hacia otro lado?
El fiscal adjunto, Jorge Sosa, cuya responsabilidad es supervisar y corregir la inacción de sus inferiores, se ha mostrado igualmente ausente. Su falta de intervención no solo agrava el dolor de los familiares, sino que también envía un mensaje claro: la justicia puede ser comprada, y aquellos que deberían protegernos están dispuestos a venderse al mejor postor.
La realidad es que la corrupción en el Ministerio Público no es solo una traición a las víctimas, sino también a toda la sociedad. Permitir que quienes cometen delitos, como en este caso un accidente de tránsito con consecuencias fatales, escapen del castigo, es abrir la puerta a una cultura de impunidad que socava los cimientos mismos de nuestra sociedad.
Nuestra publicación constituye un llamado urgente a las autoridades superiores del Ministerio Público y al ente de control a actuar con la severidad que la situación demanda. Es imperativo que se revisen las actuaciones de la fiscal Julia González y su asistente, Zulma Zarza, y que se tomen medidas drásticas para asegurar que la justicia prevalezca. No podemos permitir que la corrupción y el encubrimiento sean la norma en una institución que debería ser sinónimo de justicia.
Las víctimas y sus familias merecen mucho más que el desprecio y la indiferencia de aquellos en quienes confiamos para proteger nuestros derechos. Es hora de poner fin a la impunidad y devolver al Ministerio Público su verdadera misión: servir y proteger a la ciudadanía, sin importar las influencias o el poder de quienes están del otro lado del proceso judicial.
