La gestión del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, ha dejado mucho que desear en su primer año al frente de la institución. Nombrado en agosto de 2023, su desempeño ha sido duramente cuestionado, no solo por la ciudadanía, sino también por los propios funcionarios del ente. La inoperancia que ha caracterizado su mandato pone en riesgo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de Paraguay: la reforma agraria y la justa distribución de tierras.
El INDERT, en teoría, debería ser un baluarte en la promoción de la justicia social y la equidad en el acceso a la tierra, especialmente en un país donde la desigualdad en la tenencia de tierras ha sido históricamente uno de los mayores obstáculos para el desarrollo rural. Sin embargo, bajo la administración de Ruiz Díaz, el ente parece haber perdido el rumbo. Lejos de cumplir con su misión, su gestión ha sido calificada como “pobrísima”, una etiqueta que se ha ganado no por falta de recursos, sino por una clara falta de voluntad y visión estratégica.
Las acusaciones de persecución política dentro del INDERT son un síntoma preocupante de una administración más interesada en consolidar su poder que en cumplir con sus responsabilidades. Ruiz Díaz ha permitido que la institución se convierta en un campo de batalla político, donde las pugnas internas del Partido Colorado se sobreponen a las urgencias de las comunidades campesinas. Este desvío de atención ha tenido consecuencias desastrosas, especialmente en regiones como Alto Paraná, donde los conflictos de tierras no han recibido la atención que merecen.
El proyecto SIRT, que debería ser un instrumento para la gestión eficiente de los recursos, se ha convertido en una cortina de humo para ocultar la falta de resultados concretos. La centralización de decisiones en Asunción ha dejado a las oficinas regionales del INDERT prácticamente inoperativas, lo que ha exacerbado los problemas en departamentos alejados de la capital. Esta desconexión entre el gobierno central y las necesidades locales refleja una administración que no entiende ni se preocupa por la realidad del país profundo.
Lo más alarmante es la ausencia de una verdadera estrategia para la reforma agraria. Ruiz Díaz ha priorizado su imagen mediática sobre la ejecución de políticas públicas efectivas, dejando a miles de familias campesinas en la incertidumbre. La reforma agraria no puede esperar más. Es imperativo que el INDERT funcione adecuadamente, no solo para cumplir con su mandato, sino para evitar que la brecha social y económica siga creciendo en Paraguay.
El país necesita una institución que actúe con transparencia, eficacia y compromiso con el bienestar de la población rural. Francisco Ruiz Díaz debe rectificar su rumbo o dar paso a un liderazgo que esté verdaderamente comprometido con la causa de la tierra y la justicia social. La reforma agraria es una deuda histórica que no puede seguir postergándose, y el INDERT tiene la obligación de ser el motor que impulse este cambio. Es hora de que la institución deje de ser un escenario de disputas políticas y se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo y equidad para todos los paraguayos.
