En una muestra alarmante de impunidad y corrupción, agentes policiales del puesto policial Nº 21 de la Colonia Torín, en el distrito de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, retomaron las prácticas extorsivas sobre la Ruta PY02. Conductores que circulan por esta transitada vía denunciaron que los uniformados realizan controles aleatorios con el único fin de coimear y coaccionar a los automovilistas, inventando cualquier pretexto para sacarles dinero.
Estos actos deplorables no son nuevos. Hace algún tiempo, la Comandancia de la Policía Nacional había ordenado el desmantelamiento de este puesto policial después de que se descubriera un escándalo de corrupción internacional protagonizado por cinco oficiales, incluido el entonces jefe de la comisaría, el comisario principal Alcides Velázquez.
Dichos agentes, entre los que se encontraban los suboficiales Eladio Giménez, Gustavo Toledo, Osmar Paredes y Julio Díaz, fueron detenidos e imputados por diversos delitos, entre ellos el secuestro y la extorsión de una pareja de brasileños que había venido al Paraguay de vacaciones.
A pesar de la gravedad de los crímenes, los uniformados recibieron condenas irrisorias de apenas dos años y medio de prisión, un castigo que para muchos resulta insuficiente dada la magnitud de sus actos. Ahora, con la “reactivación» del pequeño puesto policial en Torin, estos abusos han vuelto a la rutina diaria.
Los nuevos agentes, designados “en masa” a la pequeña sede policial, parecen seguir el mismo camino corrupto de sus predecesores, reanudando los controles extorsivos con total descaro y sin temor a las consecuencias.
Este retorno a las prácticas corruptas no solo erosiona la confianza pública en las fuerzas de seguridad, sino que también plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas disciplinarias adoptadas por la Policía Nacional y el Poder Judicial.
