
Un sórdido silencio rodea al ruidoso anuncio de la presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, en torno al caso que rodea a dos magistradas del fuero de la niñez en la Sexta Circunscripción Judicial. Envueltas en una restitución irregular de menor, las juezas Guillermina Ramírez de Giubbi y Gladys Alicia Villamayor de Godoy, de momento, “salvan” su pellejo y siguen sin ser investigadas.
La primera de las citadas, jueza del tercer turno en niñez y adolescencia, había entregado un oficio a la ujier notificadora Fátima Cataldo, por el que ordenaba la restitución de un niño de 9 años, bajo la tutela de sus abuelos paternos, tras reclamo de su madre que lo había entregado a pocos meses de su nacimiento. Cataldo se convirtió en juez y policía para dar cumplimiento al mandato de la jueza.
El hecho generó conmoción, ya que el acto fue filmado y viralizado en las redes sociales causando la indignación ciudadana, pues la publicación de La Clave tuvo consecuencias.
ORDENARON BORRAR PUBLICACIÓN
Este diario se hizo eco del caso y publicó el caso poniendo de manifiesto la reacción ciudadana y de la comunidad jurídica regional y nacional. Fue entonces cuando la juez Guillermina Ramírez de Giubbi recurrió a su colega del quinto turno, Gladys Alicia Villamayor de Godoy, quien ofició al director de La Clave, con orden de eliminar la publicación de la página Web y la prohibición de seguir con las mismas.
INTERVENCIÓN DE OFICIO
Fue entonces cuando la presidente del órgano extra poder (JEM), Alicia Pucheta, anunció el inicio de una investigación de oficio, teniendo como base la publicación con el relato circunstanciado de los hechos. Traído al pleno la situación, empezaron a pasar “paño frío” al caso, resolviendo el inicio de los actos para dentro de 20 días, según disposición presunta de su Ley Orgánica y pasó a la asesoría jurídica.
Desde entonces, 1 del corriente, pasaron 23 días, pero nada se sabe de la apertura formal del proceso contra las cuestionadas magistradas que siguen dictando sentencias aberrantes, según otras quejas hechas públicas. Con estos precedentes, el JEM no pasa de un órgano “recaudador”, a costas del sufrimiento de familias enteras, burladas en sus derechos fundamentales en razón a su desinterés y omisión en los casos.