El Ministerio Público investiga a un abogado por los supuestos hechos de apropiación y producción de documentos no auténticos. El letrado fue denunciado por los responsables de una empresa donde el mismo prestaba servicios, hasta que se hizo del vivo y depositó en su cuenta bancaria una millonaria suma de dinero que estaba destinada al pago de impuesto inmobiliario de terrenos ubicados en el distrito de Itakyry. Al ser cuestionado por el dinero, el letrado se limitó a decir que la plata era parte del 10% por el pago de sus honorarios.
Se trata del abogado Néstor Darío Álvarez, quien fue denunciado ante el Ministerio Público por los propietarios de la firma Ypacaraí Repuestos, ubicada en el km 4 de la Ruta PY07, camino a Hernandarias. La causa n° 7.144/2024 sobre supuesto hecho punible de apropiación y producción de documentos no auténticos se tramita en la unidad penal nº 10, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho.
Según la acción, el profesional del derecho depositó en su cuenta bancaria cinco cheques de G. 100 millones, totalizando G. 500 millones, que estaban destinados al pago del impuesto inmobiliario de terrenos de la empresa, ubicados en la ciudad de Itakyry. En su defensa, el abogado refirió a sus patrones que depositó el dinero en su cuenta como parte del pago del 10% de sus honorarios profesionales y comisiones por venta de maquinarias agrícolas.
MILLONARIO HONORARIO
Aparentemente, el abogado Néstor Darío Álvarez reguló sus honorarios a la referida empresa por el monto total de 680.000 dólares americanos por supuestos trabajos, sin embargo, el mismo no posee constancia ni acuerdo con el denunciante. Lo cierto y concreto es que el leguleyo se quedó con la millonaria suma de dinero que los responsables de la empresa quieren recuperar y tienen como demostrar que el abogado se apropio del dinero y se niega a devolverlo.
IMPUTACIÓN
De acuerdo con los datos, el fiscal Osvaldo Zaracho cuenta con todos los documentos para una probable imputación del profesional del foro y, de ser así, el mismo inclusive podría tener la cuenta bancaria bloqueada por orden judicial.
