Con número de causa 12.083, ingresó el viernes último la denuncia penal número 41 contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Cuatro exfuncionarios, lo responsabilizan como autor de “desacato a la orden judicial y otros”. Como en las 40 anteriores denuncias contra el jefe comunal, se asignó la investigación al fiscal penal de turno y tendría mismo destino que las demás.
Jorge Giménez, Oscar Ramón Ayala, Pedro Frutos Villalba y Bruno López, representados por el abogado Catalino Villalba, pusieron a conocimiento del fiscal Osvaldo Zaracho, que el juzgado civil del quinto turno dictó la providencia de fecha 14 de agosto en el expediente caratulado, Oscar Ramón Ayala Duarte y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de resoluciones judiciales.
En ese sentido, traen a colación el expediente 206/2014, por el cual se ordena a los recurrentes a imprimir resolución electrónica y presentarla ante el Ministerio Público.
SE BURLA DE LA JUSTICIA
Para los cuatro recurrentes, el intendente Prieto se burla usualmente de los mandatos judiciales en contubernio con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el poder político que domina todas las esferas. En ese contexto, Prieto fue emplazado por oficio 113 del 26 de abril pasado bajo apercibimiento, el contenido de la Ley 4711/2.012 y el mismo sigue haciendo caso omiso a la disposición judicial.
Según la resolución del juzgado en lo labora,l el desglose de cifras a recibir por los denunciantes es de 770.851.791 guaraníes para Oscar Ayala, a Jorge Giménez le corresponde 550.944.295; Bruno López, 297.880.470; a Pedro Villalba, la suma de 284.889.365 y Alfonzo Acosta, 282.202.582, totalizando un global de 2.166.368.403 guaraníes, que esperan hace más de 10 años.
OTRA ODISEA EN LA CAPITAL
Con esta nueva denuncia, ocurriría lo mismo que las 40 anteriores a las que responde en libertad el intendente esteño. Es decir, se realizan en una unidad ordinaria los trámites preliminares como la ratificación de los recurrentes y luego se remite a la capital del país, donde a juzgar por los precedentes son “encajonadas”.
