Las autoridades del Ministerio Público y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) hacen la vista gorda a un monumental desmonte de un bosque situado en Lote 7 de Minga Porã. Según los datos, una ciudadana italiana y su hija habrían sido adjudicadas de manera amañada con una gran extensión de tierras por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y para utilizar el suelo procedieron a derribar más de 100 hectáreas de árboles nativos, violando totalmente la Ley de Deforestación Cero vigente en nuestro país.
Se trata de una propiedad que, según los datos pertenecería a una ciudadana italiana, identificada como Simona Cavazzutti de Modenesi (66), y su hija Beatrice Modinesi Cavazzutti (34). El inmueble habría sido cedido a esta familia extranjera irregularmente por el INDERT. Cavazzutti es directiva de la Cooperativa Agro Industrial Santa María (COOPASAM), instalada en Minga Porã. Supuestamente, la mujer utiliza su posición dentro de la entidad para derribar especies de árboles nativos, pisoteando la Ley nº 6.676 de Deforestación Cero, que está vigente en nuestro país.
SIN PIEDAD
Imágenes satelitales a las que accedió La Clave muestran cómo quedó una gran parcela que era un bosque virgen, pero actualmente está devastada en varios puntos. Maquinarias pesadas trabajan a diario en el desmonte dentro de la propiedad de Cavazzutti, y, pese a varias denuncias en su contra, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a cargo del ministro Rolando de Barros Barreto, y la unidad de medio ambiente del Ministerio Público, a cargo de la cuestionada agente fiscal Zunilda Ocampos, recientemente declarada inamovible, hacen la vista gorda y permiten el feroz crimen ambiental.
NEGOCIADO
Fuentes señalaron que la fiscal del medio ambiente, Zunilda Ocampos, y su asistente Ruth Campuzano, visitan la zona constantemente para realizar presuntas verificaciones, sin embargo, el verdadero objetivo de estas funcionarias públicas sería cobrar una especie de cuota social que habilita a los productores a arrasar con bosques en la zona de Minga Porã.
Supuestamente, de este esquema corrupto también hacen parte técnicos del Instituto Forestal Nacional (INFONA), agentes del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA), quienes estarían cobrando para no intervenir en el desmonte despiadado de miles de hectáreas de bosques.
PROTEGIDOS
Es un secreto a voces en la zona de Minga Porã que autoridades ambientales, funcionarios del INFONA y la Policía protegen a grandes productores a cambio de dinero. Según los datos, uno de los mayores violadores de las leyes ambientales es el brasileño Dirceu Stipp Luján, quien en varias ocasiones ya fue denunciado por la tala de indiscriminada de miles de hectáreas de árboles y la utilización de productos agroquímicos prohibidos, sin embargo, la justicia endeble nunca lo condenó.
Otro de los intocables es Nativo Rocha da Lapa, más conocido como el “Depredador de bosques”, quien continúa destroncando árboles nativos en la zona de Itakyry y Minga Porã. El mismo tiene una flota de topadoras que alquila a los productores para arrasar con grandes extensiones de bosques. Pese a ser descubierto en distintas ocasiones derribando árboles, el sujeto sigue cometiendo crímenes ambientales sin castigo alguno.
Es de público conocimiento que este brasileño ya enfrentó varios procesos penales justamente por deforestación, pero en todas las causas pudo salir airoso sin condena alguna, pues el mismo, sin temor, menciona que “ya solucionó todo” con la Fiscalía.
Lamentablemente, la Ley 6.256, denominada Ley de Deforestación Cero, que está vigente en el país, es “letra muerta” para el Ministerio Público y a los fiscales les parece importar un bledo la protección de los bosques nativos, al menos, en el Alto Paraná y en otros puntos de la Región Oriental, donde resulta alevosa y descarada la deforestación, cometida generalmente por terratenientes brasileños.
Estos utilizan, manipulan y tergiversan a su antojo la ley 422/73 de aprovechamiento y manejo racional de los bosques y tierras forestales del país, para “autorizar” o legalizar todo tipo de aberraciones en perjuicio de las últimas reservas boscosas.
