En la reciente sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sus miembros decidieron iniciar una investigación preliminar contra las juezas Gladys Alicia Villamayor de Godoy y Guillermina Ramírez de Giubi, de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este. Esta decisión marca un paso crucial en la búsqueda de justicia, dado el gravísimo comportamiento antijurídico y anticonstitucional de estas magistradas.
Las juezas en cuestión han sido acusadas de intentar prohibir al director del diario La Clave la publicación de información sobre un procedimiento de restitución de un niño de 9 años, que se llevó a cabo de manera arbitraria e inconstitucional. Este procedimiento, realizado el 7 de junio pasado, implicó la extracción violenta de un menor de la casa de sus abuelos paternos, con quienes el niño había vivido desde los tres meses de edad, tras ser abandonado por su madre.
El acto de la jueza Villamayor de Godoy, quien emitió una medida cautelar que prohibía la publicación de cualquier información sobre el caso, no solo infringe el derecho a la libertad de expresión y de prensa garantizado por el artículo 29 de la Constitución Nacional, sino que también refleja un intento descarado de silenciar la crítica legítima hacia una resolución judicial manifiestamente errónea. La medida cautelar, que exigía la eliminación inmediata de la publicación de plataformas digitales, buscaba más silenciar a los medios que proteger al menor o garantizar la privacidad de los involucrados, un hecho que resulta aún más alarmante dado el contexto de la restitución del niño a su madre biológica, que lo había abandonado.
El JEM, al abrir una investigación preliminar, ha dado un paso necesario y urgente para garantizar que se haga justicia. La actuación de las juezas Villamayor de Godoy y Ramírez de Giubi no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir en la administración de justicia. La decisión de la jueza Ramírez de Giubi de ordenar la restitución del menor, sin tener en cuenta las circunstancias particulares y el bienestar del niño, demuestra una flagrante falta de sensibilidad y profesionalismo.
Es imperativo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados actúe con todo el peso de la ley en este caso. La sanción ejemplar contra las juezas implicadas no solo es una cuestión de justicia para el menor afectado, sino también un mensaje claro sobre la intolerancia hacia prácticas judiciales que transgreden los límites de la legalidad y los derechos humanos.
En la defensa del estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales, no puede haber concesiones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene la responsabilidad de garantizar que la justicia prevalezca y que aquellos que ocupan cargos de poder y confianza en el sistema judicial sean responsables de sus actos. Solo así se podrá restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que tales abusos no se repitan en el futuro.
