TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Documentos revelan graves inconsistencias en actuación del fiscal antidrogas Elvio Aguilera

Informe policial nº 360/2024 del puesto policial nº 5, que habla de una persecución y la detención de Bernardo Rodrigo Mangauy Cáceres, con 7,6 gramos de marihuana. Copia del oficio fiscal nº 110 de la causa nº 9.654/2024 por el supuesto hecho punible contra la prueba documental y otros abierta al presunto delivery. Con este documento el fiscal levantó la orden de detención del joven.

El diario La Clave accedió a documentos que comprueban un feroz negociado entre el fiscal antidrogas Elvio Aguilera y los agentes del puesto policial nº 5, Jorge Amarilla, Joel Arriola y Juan Duarte, quienes, el miércoles 26 de junio último, detuvieron a un presunto delivery de drogas, con 7.6 gramos de marihuana. Sin embargo, según la denuncia, los policías le plantaron la droga y trataron de extorsionar a sus familiares. Ante esto, el fiscal habría cobrado a los uniformados para no desglosar la causa y liberó al sujeto. Para maquillar el tema, abrió una causa por el supuesto hecho punible contra la prueba documental y otros.

Las inconsistencias en los documentos demuestran que las denuncias públicas hechas por este medio tienen sustento y deben ser investigadas por el fiscal adjunto del área penal X, Jorge Sosa. En tanto, desde la Policía Nacional, al menos, ya anunciaron que los involucrados serán apartados, sumariados y enviados a la capital del país.

El lunes y el martes últimos, el diario La Clave publicó una grave denuncia de presunto negociado entre el fiscal antidrogas, Elvio Aguilera, y agentes del puesto policial nº 5 del km 8 de Ciudad del Este, que realizaron un procedimiento irregular al detener a un joven y supuestamente plantarle marihuana, para luego extorsionar a sus familiares. Para no desglosar la causa por coacción grave y extorsión, Aguilera habría cobrado una alta suma a los uniformados, y liberó al joven sin muchos rodeos. Pese a las evidencias sobre el caso, el fiscal adjunto del área penal X, Jorge Sosa, no tomó ninguna determinación sobre el hecho, evidenciando que, aparte de ausentarse constantemente de su despacho, también avala los negociados de sus subordinados.

INFORME POLICIAL

El informe policial nº 360/2024 del puesto policial nº 5 del km 8 señala que, alrededor de las 22:30 del miércoles 26 de junio, los citados uniformados estaban realizando un patrullaje por la Calle 2.000 del barrio Ciudad Nueva, cuando supuestamente visualizaron a un joven a bordo de una moto, quien dio la vuelta y trató de correr, pero fue alcanzado y demorado. Se trata de Bernardo Rodrigo Mangauy Cáceres, de 19 años, domiciliado en km 8 Monday, quien estaba a bordo de una motocicleta de la marca Leopard, modelo GSX-150, de color negro, sin chapa, y no tenía ningún documento en el momento del procedimiento. El joven fue llevado a la base policial, donde supuestamente los intervinientes le plantaron 7,6 gramos de marihuana.

Los propios uniformados se encargaron de llamar a la madre del aprehendido ofreciendo un “arreglo” para no comunicar el hecho a la Fiscalía y liberarlo sin más trámites. Para el efecto, los intervinientes supuestamente exigieron la suma de G. 10 millones, monto que los familiares no lograron juntar, por lo que el joven fue remitido al calabozo de la Dirección de Policía y el caso fue comunicado al fiscal de turno de la unidad especializada antidrogas, Elvio Aguilera.

NEGOCIADO

Ya en la sede fiscal, Bernardo Rodrigo Mangauy Cáceres relató al fiscal lo que realmente ocurrió y en su declaración mencionó que los policías le plantaron la droga y que luego trataron de extorsionar a sus familiares. Ante esa situación, Aguilera convocó a los uniformados que participaron en el procedimiento irregular y para no desglosar la denuncia por coacción grave y extorsión, el representante de la sociedad habría cobrado a los policías una fuerte suma de dinero para que el caso termine ahí.

¿PRUEBA DOCUMENTAL?

Para maquillar el negociado, increíblemente el fiscal Elvio Aguilera abrió la causa nº 9.654/2024/supuesto hecho punible contra la prueba documental y otros, y mediante el oficio nº 110 liberó al supuesto delivery, quedando demostrado que el procedimiento policial no pasó de un apriete, que finalmente fue blanqueado por el representante de la sociedad.

En el código procesal penal, el hecho punible contra la prueba documental es aplicado a quien “produjera o usara un documento no autentico, con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa”. Por ello, este artículo no tiene nada que ver con la violación de la ley 1340 (narcotráfico), hecho por el cual fue detenido inicialmente el joven.

APARTADOS Y SUMARIADOS

El director de Policía del Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Feliciano Martínez, anunció ayer que los tres suboficiales involucrados en el caso serán cesados de sus cargos y puestos a disposición de Asuntos Internos de la Policía Nacional, para la investigación de la grave denuncia.

SLENCIO CÓMPLICE

Pese a todas las evidencias de un presunto negociado entre el fiscal Aguilera y los uniformados, el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Jorge Sosa, no tomó ninguna determinación con relación al caso, evidenciando su complicidad con actos de corrupción cometidos por sus subordinados.

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