TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Polémica entre conductores de CDE debe ser zanjada de forma equitativa

La reciente polémica generada entre taxistas y conductores de plataformas como Bolt, Uber y MUV, en Ciudad del Este, destaca una problemática que requiere urgente atención: la regulación equitativa del servicio de transporte sin cercenar el derecho constitucional al trabajo. La aprobación de la Ordenanza 17/2024 por la Junta Municipal ha encendido un debate crucial sobre cómo establecer normas que permitan a todos los ciudadanos ejercer su derecho a trabajar sin restricciones arbitrarias.

En el debate realizado en C9N, representantes de ambos sectores coincidieron en la necesidad de regular el servicio, pero subrayaron que cualquier regulación debe respetar el derecho al trabajo, garantizado por la Constitución Nacional. La falta de una ley nacional que aborde estos conflictos de manera uniforme deja a las ordenanzas municipales con el desafío de resolver puntos conflictivos que, en muchos casos, exceden su capacidad y autoridad.

La ordenanza en cuestión ha sido criticada por imponer requisitos que muchos consideran absurdos e inconstitucionales, como la necesidad de estar inscrito en el padrón nacional para votar en Ciudad del Este y la obligación de asociarse a un gremio reconocido por la Junta Municipal para obtener la habilitación. Estas exigencias no solo limitan la capacidad de trabajo de conductores de municipios vecinos como Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, sino que también contravienen el principio fundamental de libertad laboral.

Mabel González, una de las afectadas, expresó con claridad: «Estamos en un país donde podemos trabajar libremente, nadie puede venir a prohibirte trabajar en tu ciudad, en tu país». Su declaración resuena con el sentimiento general de que estas regulaciones impuestas son ilógicas y restrictivas, afectando negativamente a numerosos trabajadores que simplemente buscan ganarse la vida.

Además, la ordenanza estipula que los menores de 24 años no podrán ejercer el servicio de transporte a través de plataformas, una disposición que claramente viola el artículo 86 de la Constitución Nacional, que asegura el derecho al trabajo para todos los ciudadanos sin discriminación por edad. Este tipo de restricciones no solo son injustas, sino que también refuerzan una estructura de control que favorece a ciertos gremios en detrimento de otros, creando un ambiente de competencia desleal.

Es imperativo que el Congreso Nacional intervenga para crear una legislación que regule el servicio de transporte de manera justa y equitativa, asegurando que todas las partes puedan operar en condiciones iguales y respetando siempre los derechos laborales de los ciudadanos. La regulación debe ser un mecanismo para garantizar la seguridad y la calidad del servicio, no una herramienta de persecución o exclusión.

Las juntas municipales tienen la responsabilidad de actuar con imparcialidad, sin favorecer a un sector sobre otro. Utilizar su poder para perseguir a un grupo y beneficiar a otro no solo es injusto, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas y en el sistema legal del país.

La mesa de diálogo prevista para esta semana entre taxistas y conductores de plataformas es una oportunidad crucial para llegar a un acuerdo que respete los derechos de todos los trabajadores. Es fundamental que se escuchen todas las voces y que las decisiones tomadas reflejen un compromiso genuino con la justicia y la equidad. Al final del día, lo que está en juego no es solo la regulación de un servicio, sino el respeto al derecho fundamental al trabajo de todos los paraguayos.

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