En el marco de la causa conocida como “Tía Chela”, que involucra al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a un grupo de funcionarios de la Comuna de CDE, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez presentaron requerimiento conclusivo de acusación. Pidieron al juez especializado, Humberto Otazú, que eleve la causa para su discusión en juicio oral.
La denuncia fue formulada en la capital del país por el entonces concejal municipal Celso “Kelembu” Miranda, con cargos por lesión de confianza y asociación criminal, causa abierta ante la unidad del fiscal especializado antinarcótico, Manuel Rojas, a quien ordenaron desde Fiscalía General del Estado la remisión del caso para su investigación en unidades especializadas, ya “cocinadas” con antelación.
El histórico de hechos reales es sumamente grave, ya que las compras fueron declaradas de emergencia para la provisión de alimentos durante la pandemia de Covid-º9.
MODIFICACIÓN Y AYUDA OFICIAL
El fiscal Manuel Rojas dijo en su momento que tenía concluida el acta de imputación contra el intendente Miguel Prieto Vallejo, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, ex director de administración y finanzas; Maggi Elizabeth Fariña Almada, directora de UOC; Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social; Higinio Ramón Acuña, jefe de división de adquisición y suministro, todos de la Municipalidad de CDE.
La acusación es igualmente contra Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Emili Vanesa Florentín Páez, presidente de Vanemi S.A.; Fermín Ávalos Brítez, presidente de “Tía Chela”; José Félix Cáceres Galeano y Julián Benítez Gamarra. Todos son considerados parte del esquema montado por Prieto para desviar los recursos públicos en provecho propio.
Con ese sistema operativo, se realizaron las compras para la preparación de cestas básicas a ser entregadas a familias vulnerables en la etapa fuerte de la pandemia por Covid-19, en el año 2020, conforme los descubrimientos de la investigación.
La conclusión de los fiscales acusadores hace una distancia extraordinaria a la imputación preparada por el fiscal que abrió la causa en Ciudad del Este, por resolución de fiscalía adjunta y la que luego pergeñaron en la capital del país, en abierta defensa de los hoy acusados, pero con tipificaciones de expectativas elevadas, como la administración en provecho, no observada por el equipo fiscal acusador.
