El fiscal Alfredo Acosta Heyn dio cuenta de un timador que vendió una isla ubicada en el río Yguazú, situada a altura del km 39, por G. 100 millones a un incauto que cayó en sus redes y abonó gran parte de la suma señalada. El comprador se instaló en la finca con todo lo en él clavado y plantado, hasta que pocos días después recibió la inesperada visita de funcionarios de la ANDE que lo intimaron a despejar el lugar.
Al inicio del proceso penal por la tipificación de estafa, se procedió contra Leoncio Godoy Escobar, de 79 años, residente en el barrio San Isidro del distrito de Los Cedrales, quien, por pedido de la representación pública, responderá bajo medidas menos gravosas. Resultó víctima, Marciano Ortigoza Guerrero, con quien el septuagenario, acordó la cesión de derechos sobre la propiedad de 25 hectáreas ante una escribanía. El negocio resultó en una cesión de derechos, según el contenido del documento firmado, cuya copia se arrimó como evidencia en el caso, dentro de la carpeta.
ES PROPIEDAD PRIVADA
Realizados todos los trámites en la escribanía de Juan E. O’Leary, Ortigoza Guerrero ocupó su nueva adquisición que ya contaba con plantaciones de banana, mandioca, maíz y hasta 200 gallinas. El comprador todavía se hallaba en el reconocimiento de su propiedad, cuando recibió la visita de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quienes lo emplazaron a abandonar el sitio, caso contrario, sería denunciado por invasión de inmueble.
El hombre había pagado G. 50.000.000 en la escribanía y firmó 10 compromisos de pago por G. 5.000.000 mensuales, de los cuales ya abonó tres cuotas, según la denuncia formal. Trató de comunicarse con el ahora imputado, pero no pudo dar con él, hasta que recibió una notificación del juzgado civil de Juan León Mallorquín, donde Leoncio Godoy le reclamaba el pago de los G. 35 millones restantes.
Con el cúmulo de evidencias presentadas por el denunciante, el fiscal Acosta Heyn imputó al denunciado presentándolo ante el juzgado penal de garantías con pedido de suspensión de la ejecución de la prisión, pero con condicionamientos que lo aseguren a responder al proceso penal abierto en su contra.
