TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Sugestivo manejo de Senabico de tierras confiscadas de empresario vinculado al terrorismo internacional

Un grupo de campesinos de la FNC tomaron las tierras que eran propiedad del empresario Hussein Mouzannar, vinculado al terrorismo internacional.

Un valioso establecimiento agroganadero, ubicado en la colonia Acaraymí de Hernandarias, propiedad de un empresario acusado de terrorismo y que estaría refugiado en el Líbano, tras dictarse su captura, fue ocupado por campesinos. Si bien todos los activos del acusado, Hussein Mounir Mouzannar, son administrados por la Senabico desde junio del año pasado, hasta el momento, el Estado paraguayo no dispuso la enajenación del valioso inmueble y se teme que las tierras finalmente acaben en manos de otros empresarios, en vez de ser destinadas a la Reforma Agraria, como correspondería en derecho.

El inmueble invadido está denominado como “Agroganadera Santa Felicidad S.A.”, cuyo accionista principal es el ciudadano libanés Hussein Mounir Mouzannar, con orden de captura internacional por el atentado cometido contra la sede de la AMIA, en Argentina a principio de la década de los 90.

Mouzannar es un acaudalado comerciante esteño con captura internacional por su supuesta implicancia en el atentado contra la sede de la AMIA, situada en Buenos Aires, Argentina. Aquel mortal atentado que dejó al menos 85 muertos ocurrió el 18 de julio de 1994. Según medios argentinos, Mouzannar se esconde en su país de origen, El Líbano, en donde se mantiene prófugo de la justicia, aunque mediante abogados estaría buscando recuperar la posesión sobre sus bienes, pero sin presentarse ante la justicia argentina.

Cabe recordar que, a pedido del fiscal federal de la Unidad Amia, Sebastián Basso, la justicia de Paraguay y de Brasil congeló decenas de millones de dólares en campos, acciones, empresas, propiedades, locales y hasta un shopping center que pertenecen a Mouzannar y otros sospechosos que tienen pedido de captura internacional de Interpol. Si bien esto ya fue en junio del año pasado, hasta el momento, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) que, en teoría, debía administrar la propiedad, no dispuso ni inició trámites para la enajenación del valioso inmueble que ahora fue invadido por campesinos pertenecientes a la Federación Nacional Campesina (FNC), que reclaman tierras en el marco de la Reforma Agraria.

Esto se trataría de una mera estrategia para lograr la venta del inmueble a otros empresarios inescrupulosos, con lo cual el dinero de lo recaudado pasaría directamente a las arcas estatales (con jugosas coimas de por medio, según fuentes fidedignas) y los campesinos no lograrían el objetivo de que las tierras sean distribuidas a los peticionantes, en el marco de la Reforma Agraria, como correspondería en estos casos.

Los labriegos lamentaron la actitud de las autoridades de la Senabico, quienes de manera negligente y sospechosa permiten que bienes pertenecientes a un presunto terrorista nuevamente queden en manos de otros terratenientes y empresarios con nefastos antecedentes, en vez de ser transparentados y distribuidos a personas que desean trabajar esas tierras.

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