Luego de una serie de diligencias, el fiscal designado para investigar sustracción de energía eléctrica denunciada por la ANDE, el fiscal Julio Paredes socializó ayer su primera imputación fechada al 8 de febrero, tras una incursión en el distrito de Yguazú. La medida afecta a cuatro personas aprehendidas en flagrante comisión de hecho punible, según detalla y fundamenta el acta elevada al juzgado penal de garantías.
La notificación de la imputación es contra Alfredo Benítez Carnichi, de 27 años, afincado en el kilómetro 10 de Ciudad del Este; Rolando Aquino Duarte, de 53 años, con domicilio en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Presidente Franco; Juan Ángel Núñez Álvarez, de 32 años, con domicilio en el barrio Fátima de esta ciudad, y Silvio Morínigo Maldonado, de 61 años, todos puestos a cargo del juzgado penal de garantías.
La fundamentación precisa de los hechos, los ubica realizando labores tendientes a sustraer energía eléctrica del tendido eléctrico de la estatal.
NOTIFICADO POR LA POLICÍA
Agentes de Patrulla de la comisaría de Yguazú informó al fiscal Paredes la aprehensión en flagrancia de los cuatro ahora procesados, que contaban en su poder con las herramientas para conexiones irregulares, que constituye hecho penalmente relevante. Destaca el acta que fueron sorprendidos en actos preparatorios, es decir, que no produjeron perjuicios a terceros, ya que el acto no fue consumado.
El procedimiento penal fue iniciado en razón a las previsiones del artículo 302 del manual de formas penales en su primer párrafo y basado en el alto grado de sospecha obtenido del caudal indiciario, según reza el escrito. La Policía presentó, además de su informe, cabeza de proceso, fotografías de las herramientas halladas en poder de los cuatro imputados, que fortalecen las sospechas acerca de la autoría.
Todos los imputados se abstuvieron de declarar en indagatoria, por tanto, fue nula la colaboración con los investigadores. Paredes les aplicó las previsiones de los artículos 173, 26 y 29 del código penal vigente, los remitió a la dirección de policía y se encargó de elaborar la fundamentación de la imputación, así como de las medidas cautelares.
En ese sentido, solicitó cuatro meses de plazo para presentar requerimiento y la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión, pero con condicionamientos específicos para responder al proceso penal.
