La Policía Federal (PF) y la Receita Federal de Brasil (RFB), con la Operación Anemia, desarticularon ayer una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. Se realizaron más de 50 allanamientos, en los cuales fueron detenidos siete sospechosos y se incautaron bienes por valor millonario, armas y cajas fuertes. El esquema llegó a mover más de 700 millones de reales, utilizando una red de empresas de fachada en las que se lavaban los activos.
Para la operación se movilizaron más de 200 policías federales y 34 auditores fiscales, quienes salieron a las calles para cumplir 53 mandatos de registro y confiscación y siete de prisión preventiva, en ciudades de los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. Las ciudades afectadas incluyen Curitiba y Londrina en Paraná; São Paulo y Tupã en São Paulo; Joinville en Santa Catarina; y la capital de Río de Janeiro.
La RFB estima que la organización habría movido más de R$ 700 millones en solo una de las empresas investigadas, utilizando artimañas como el uso de criptomonedas. Los productos contrabandeados, principalmente electrónicos y celulares, eran distribuidos a diversos estados brasileños.
Las investigaciones también revelaron que la organización contaba con la participación de servidores públicos, quienes invertían recursos en las actividades criminales y luego dividían las ganancias. Estos servidores, tanto en activo como jubilados, estarían vinculados a las corporaciones policiales de los estados involucrados.
“El grupo sería responsable de la introducción ilegal de productos en Brasil desde Paraguay para, posteriormente, distribuirlos en el mercado brasileño. Durante las investigaciones se encontraron indicios de actividades ilícitas y lavado de dinero. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados recibieron fondos de personas con antecedentes criminales relacionados con la práctica de contrabando, descaminado y lavado de dinero”, refiere el informe divulgado por la RFB.
Se identificaron siete núcleos operativos, que actuaban de manera estructurada y caracterizados por la división de tareas en gestión, logística, financiadores, contadores, operadores financieros, compradores y testaferros.
EMPRESAS FICTICIAS
Se descubrió que, con el desarrollo de las actividades criminales promovidas por el grupo, estos empezaron a adquirir productos directamente de proveedores en Estados Unidos, China y Hong Kong, de modo que las ciudades paraguayas de la región fronteriza pasaron a servir solo como depósito físico de las mercancías, recibidas mediante servicios de correo internacional, revela el informe.
“Para operar los pagos a los proveedores ubicados en estos países, la organización criminal habría estructurado una compleja red de empresas en Brasil y en el extranjero (offshore) que, mediante el uso de criptomonedas, efectuaban la evasión de divisas y el lavado de dinero”, agrega.
Detalla además que la organización, utilizando empresas ficticias sin capacidad operativa aparente y con flujos contables simulados, registraba ingresos ficticios, sin respaldo en documentos de ventas o servicios, para dar soporte a la distribución de ganancias entre los socios y disimular el origen ilícito de los recursos.
Las órdenes judiciales emitidas por el 9º Juzgado Federal de Curitiba prevén el secuestro, bloqueo y confiscación de bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas, criptoactivos y otros artículos de lujo o de alto valor encontrados.
