Por la representación legal de la Contraloría Ciudadana, el abogado Víctor Enriquez oficializó la denuncia nº 39 de ese ente contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejo. El documento presentado en mesa de entrada lleva la firma de cinco integrantes de la referida entidad, que analizaron los documentos de la rendición de cuentas del administrador comunal en pandemia.
Utilizando documentos del balance presentado por el intendente Miguel Prieto, el equipo económico y jurídico de la Contraloría Ciudadana fundamentó escrito de denuncia con tres tipificaciones penales, consistentes en lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Aparte del jefe comunal, involucra al entonces director de acción social, Sebastián Martínez, actual concejal.
Igualmente, el escrito está dirigido contra toda persona que resulte responsable de los hechos denunciados, cualquiera haya sido su participación.
CONFORMACIÓN DE SUBCOMISIONES
Los delitos se produjeron con la conformación de supuestas subcomisiones vecinales que proveerían alimentos a la ciudadanía vulnerable en pandemia, por coronavirus, mediante las conocidas “ollas populares”. El perjuicio económico causado al presupuesto de la Municipalidad asciende a la suma de 311.580.000 guaraníes, entregados a presuntos dirigentes, que de casualidad estaba conformado por personas del entorno cercano al intendente Miguel Prieto Vallejo, conforme con la denuncia.
La acción afecta solamente a dos subcomisiones conformadas por Lumma Magdalena Battochi Silva y Juan Esteban Quiroga Cañete, que recibieron en la misma fecha la suma señalada, bajo la denominación de “Comisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este”, como indica el escrito.
Las subcomisiones fueron reconocidas por resoluciones I.M. el 10 de junio de 2020, al solo efecto de realizar las transferencias que eran solicitadas a través de la dirección de desarrollo social de la Comuna, a cargo del ahora concejal Sebastián Martínez.
FASV IMPORT-EXPORT
Los legajos de compras para las ollas populares eran acompañados con facturas de la empresa FASV Import-Export, propiedad de María Fátima Sartorio Vanni, con detalles de las provisiones a las subcomisiones, desembolsos con destinos desconocidos. La denuncia pide que, tras las investigaciones de rigor, se impute a los denunciantes, acuse y condene a los responsables de los hechos tipificados, incluyendo a la supuesta proveedora que aparece en las rendiciones de cuentas.
