En una inaudita resolución, el juez penal de garantías del distrito de Minga Porã, Edgar Manuel Lezcano González, anuló la acusación de la fiscal Vivian Coronel en una causa por abuso sexual en niños y ordenó el sobreseimiento definitivo del encausado, que habría abusado de su hija de apenas de tres años. Una fuerte presión política ejercida por el intendente de San Alberto habría resultado contundente para dejar impune el caso.
El juez penal de garantías notificó ayer, lunes, a la fiscal especializada en hechos punibles contra menores, a la querellante adhesiva y a la parte beneficiada, el contenido del auto interlocutorio número 267, fechado al 31 de mayo último. Por el documento, dispuso el sobreseimiento definitivo a favor del presunto depravado, acusado por abuso sexual en niños, luego de un incidentado proceso en la etapa preparatoria.
Para llegar al objetivo, el juez de la causa, Edgar Manuel Lezcano González, anuló el acta de acusación presentada por la representación pública y la querellante adhesiva.
EVIDENCIAS IRREFUTABLES
La abogada Noelia Núñez, querellante adhesiva, había anunciado situaciones anómalas a lo largo del proceso, donde abundaron los incidentes por parte del representante legal del procesado y en los últimos tiempos, hasta de la agencia fiscal especializada que anunciaba, ya dio el brazo a torcer. Las diligencias investigativas arrojaron resultados médicos y pericias sicológicas que confirmaron la existencia del hecho punible.
Núñez había cuestionado severamente la participación telemática de la fiscal Coronel en la audiencia preliminar llevada a cabo el pasado viernes 31 de mayo, aun cuando la misma se haya ratificado en su acusación y pedido de elevación de causa para su finiquito en contradictorio público. Entre sus pruebas materiales o evidencias físicas, la acusación presentó en DVD, el testimonio de la víctima en Cámara Gesell.
Pese a toda la producción probatoria, el juez Lezcano González hizo lugar al pedido de nulidad absoluta de la acusación y dictó el sobreseimiento definitivo del encausado. Se impone un recurso de apelación y también una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como una auditoría de la Corte, así se pidió con antelación por la querellante adhesiva. Otro caso de abuso que queda impune.
