En el Hospital Regional de Ciudad del Este, la tragedia de Elena Villar Sosa, de 39 años, ha revelado una alarmante y constante negligencia médica. Su calvario comenzó el 23 de abril, cuando ingresó para una cirugía rutinaria de extirpación de quistes de ovario. Sin embargo, una cadena de errores médicos y una evidente falta de profesionalismo han puesto su vida en grave peligro, según lo denunciado por su hija, Ingrid Villar. Si bien posteriormente el director del nosocomio intentó desmentir la versión de la familia, es reiterativo que el mismo sale en férrea defensa de las malas prácticas, culpando prácticamente a pacientes y familiares de las situaciones suscitadas.
Lamentablemente el caso de Elena no es un incidente aislado, sino un reflejo de un problema sistemático que requiere intervención urgente del Ministerio de Salud Pública. Es inaceptable que una paciente, tras una intervención quirúrgica, enfrente complicaciones graves que fueron ignoradas o mal manejadas por el personal médico. La descripción de estudiantes brasileños realizando curaciones externas sin abordar las heridas internas, que culminaron en una explosión de la herida, resalta una falta de supervisión y profesionalismo alarmante.
El testimonio de Ingrid Villar es desgarrador y revelador. Describió cómo su madre sufrió dolores intensos y desatendidos, con su herida explotando y liberando materia fecal debido a la inacción médica en un feriado. La familia fue forzada a esperar dos días para una intervención quirúrgica crucial, lo cual es inadmisible en cualquier sistema de salud.
La falta de información transparente y responsable por parte del hospital solo agrava la situación. La familia de Elena ha sido sometida a una incertidumbre y angustia intolerables, sin recibir informes claros sobre los médicos tratantes o el estado real de salud de la paciente. Esta opacidad y falta de comunicación reflejan una falta de respeto y consideración por los derechos de los pacientes y sus familias.
Elena Villar Sosa ha sido sometida a múltiples cirugías en poco más de un mes, con su familia obligada a vender todas sus pertenencias para cubrir los costos médicos. La desesperación de Ingrid, quien dejó de trabajar y cuya tía renunció a su empleo para cuidar a Elena, es un testimonio impactante del sacrificio y agotamiento al que son sometidos los familiares de las víctimas de negligencia médica.
Este caso debe servir como un llamado de atención urgente. El Ministerio de Salud Pública no puede seguir ignorando estos incidentes. Es imperativo que se implementen medidas estrictas para garantizar que los hospitales cuenten con personal competente y debidamente supervisado. La vida de los pacientes depende de ello.
Además, debe establecerse un sistema de rendición de cuentas y transparencia, donde los familiares tengan acceso a información clara y precisa sobre los tratamientos y médicos involucrados. La negligencia y la falta de responsabilidad deben ser erradicadas del sistema de salud.
El calvario de Elena Villar Sosa no puede ser en vano. El Ministerio de Salud Pública debe tomar medidas inmediatas para evitar más muertes y sufrimientos innecesarios. La salud y la vida de los ciudadanos de Ciudad del Este y de todo el país merecen ser protegidas con el más alto estándar de cuidado y responsabilidad.
