TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Finca 66: Concejal dice que jueces “no se animan” a firmar sentencia

La finca 66 abarca la zona del km 3,5 hasta el km 7,5 Acaray.

Pese a que la mensura judicial para determinar la situación de la conflictiva finca 66 concluyó hace más de un año, aún se espera la sentencia judicial que permitirá al municipio administrar unas 700 hectáreas de terreno. “Solo falta que un juez se anime a firmar la sentencia”, expresó el concejal municipal Pedro Acuña en entrevista con el programa Contrarreloj de la 103.9 FM.

La medición estuvo a cargo de la empresa GeoCad. El proceso incluyó la elaboración de planos, un censo casa por casa y la evaluación del estado de cada vivienda. La mensura judicial fue aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y el Departamento de Agrimensura y Geodesia el 30 de diciembre de 2022.

Los resultados de la mensura fueron remitidos al Poder Judicial para la emisión de la sentencia definitiva, que otorgará un nuevo título de propiedad. “El caso está pasando de un juez a otro (…) Hasta ahora no tenemos un juez que se atreva a firmar la sentencia”, lamentó el edil.

Acuña señaló que la asesoría jurídica del municipio está constantemente presionando para que se agilice el proceso, ya que la municipalización de la finca permitiría regularizar la situación de las 20.000 familias que residen en la zona y, por ende, aumentar la recaudación municipal. “Esperemos que resuelva en esta administración. Ojalá que la Justicia sea pronta”, refirió.

Según las denuncias, el retraso en la sentencia podría estar beneficiando a intereses inmobiliarios que operan en la zona. Estos sectores estarían ofreciendo “incentivos” a los jueces para que no firmen el fallo, con el objetivo de mantener la incertidumbre jurídica y poder continuar lucrando con la venta ilegal de terrenos en la finca 66.

ANTECEDENTES DEL CASO

La mensura judicial abarcó desde la zona del km 3,5 hasta el km 7,5, incluyendo los barrios Pablo Rojas, Che la Reina, La Blanca, Ñasaindy, Don Bosco, Mburucuyá y Carolina.

Tras la caída del régimen de Alfredo Stroessner, un grupo de herederos de la empresa Bananera Paraguaya se presentó como acreedores de los títulos originales de las tierras, reclamando el derecho de posesión.

Para evitar un grave conflicto social, la administración municipal solicitó en 1990 la expropiación de la finca a favor del municipio y la legalización de las ocupaciones. El Estado paraguayo pagó G. 44.000 millones por la expropiación, monto que fue abonado en su totalidad durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COTIZACIÓN DEL DÓLAR

USD1
Estados Unidos Dólar. USA
=
7.503,07
PYG –0,22%
0,93
EUR +0,05%
5,38
BRL +0,01%
901,79
ARS –0,05%
39,29
UYU 0,00%