La reciente declaración de la Junta Departamental del Alto Paraná, que reconoce de interés departamental la “Campaña de Prevención Contra el Abuso Sexual Infantil”, bajo el lema “Un niño informado, es un niño protegido”, no puede ser vista solo como una mera formalidad burocrática. Esta declaración subraya una realidad devastadora y la urgente necesidad de tomar medidas contundentes para proteger a nuestros niños y adolescentes del flagelo del abuso sexual.
Los datos son alarmantes. En el Alto Paraná, los casos de abuso sexual infantil han aumentado considerablemente, reflejando una tendencia inquietante en varias zonas del país. El Ministerio Público reportó que en 2023 se atendieron 6.079 víctimas de diversos delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes. De esas, un promedio diario de 9 víctimas corresponde a casos de abuso sexual infantil. Aunque se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior, los números siguen siendo escalofriantes y reflejan una realidad intolerable.
El abuso sexual infantil no es un problema que se pueda abordar con indiferencia o con respuestas parciales. La gravedad de estos actos y sus consecuencias devastadoras en la vida de los menores requieren una respuesta integral y sostenida. Es imperativo que se emprendan campañas serias y efectivas, no solo para la prevención sino también para la educación y la sensibilización de toda la sociedad.
La designación del 31 de mayo como el “Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay” en memoria de Felicita Estigarribia, una niña de 11 años víctima de este horrible crimen, debe ser un recordatorio constante de la urgencia de nuestra misión. Este día debe ser una ocasión no solo para recordar, sino para redoblar esfuerzos en la lucha contra este flagelo.
Las campañas de prevención deben enfocarse en educar a niños y adolescentes sobre sus derechos, enseñarles a identificar comportamientos inapropiados y proporcionarles las herramientas necesarias para buscar ayuda. Asimismo, es crucial que los padres, educadores y la comunidad en general estén informados y alertas ante cualquier señal de abuso.
La organización Proteger, Amar, Salvar (PAS) y su iniciativa “Un niño informado, es un niño protegido”, ejemplifican el tipo de esfuerzos que necesitamos multiplicar. La labor de PAS y otras organizaciones similares debe ser apoyada y ampliada por todos los sectores de la sociedad, incluyendo el gobierno, las instituciones educativas, las iglesias y la sociedad civil.
La lucha contra el abuso sexual infantil no puede ser responsabilidad de unos pocos; es una tarea colectiva que requiere el compromiso y la acción decidida de todos. Es fundamental que el legislativo departamental, junto con el gobierno nacional, implementen políticas públicas efectivas, asignen recursos adecuados y fortalezcan los mecanismos de denuncia y protección de las víctimas.
No podemos permitir que nuestros niños y adolescentes sigan siendo víctimas de la indiferencia y la inacción. Es hora de emprender campañas serias, sostenidas y efectivas para erradicar el abuso sexual infanto-juvenil. Porque proteger a nuestros menores es una responsabilidad ineludible y un deber moral que nos compete a todos. Solo así podremos construir una sociedad más justa, segura y humana para las futuras generaciones.
