El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) confirmó ayer en el programa “Contra Reloj” de Radio La Clave 103.9 FM que renunció al cargo de secretario de la comisión de lucha contra el narcotráfico de la Cámara Baja, tras enterarse de que el funcionario comisionado de la Senad a dicha dependencia, Mauro Ruiz Díaz, podría estar involucrado en el caso A Ultranza PY. Rodríguez dijo que es inadmisible la “cadena de negligencia” en este caso y que pedirá auditoría de lo actuado en la comisión, ya que no se dimensiona aún la gravedad de la situación. Si bien el titular de la Cámara Baja anunció posteriormente haber dejado sin efecto el comisionamiento de Ruiz Díaz, el hecho evidencia nuevamente como el Parlamento ha sido “infiltrado” por indeseables, de la mano de congresistas corruptos, al servicio del crimen organizado y la politiquería.
El diputado opositor, que hasta ayer era secretario de la comisión de lucha contra el narcotráfico, ilícitos conexos, graves y de prevención de las adicciones de Diputados, dijo al programa “Contra Reloj” que es sumamente grave que una persona, cuanto menos sospechada de tener posibles vínculos con el narcotráfico -a quien no conoció estando en la comisión- esté “infiltrada” en su oficina y pedirá que todo lo actuado sea auditado.
“Hay una cadena de negligencia desde un inicio, desde el momento en que se dispara o se levanta la alerta con relación a este funcionario, seguido de la persona que solicita su comisionamiento a la Cámara de Diputados, que no sabemos quién fue, y ahora seguidamente, también escucho que vuelve a su unidad de origen que es la Senad, cuando creo que por lo menos en este punto el funcionario en cuestión debería estar apartado, por lo menos, en lo que dure en la investigación como tal”, resaltó Rodríguez.
Consultado respecto a si alguna vez vio en la comisión al funcionario, que desde ayer fue descomisionado, dijo: “Y honestamente no lo conozco, no logro ponerle un rostro al funcionario en cuestión”, pero no resta en nada la gravedad, ya que pudo estar operando desde la sombra. “Que nosotros tengamos infiltrados a una persona que le responde a facciones o al crimen organizado es sumamente grave. Imagínense un funcionario hoy investigado y que esté circulando en la Cámara de Diputados, alrededor de oficinas de parlamentarios, es un agente de investigaciones al lado de Diputados… de legisladores; o sea, esto es sumamente grave. El último lugar que uno esperaría a encontrar una filtración de este tipo en la Cámara de Diputados”, reprochó.
Acotó que el caso es tan grave que tiene que generar una auditoría interna y una purga tanto en Diputados como en la Senad. “Hoy podemos corroborar a ciencia cierta de que existe o existía un elemento de la Secretaría Nacional infiltrado en la Cámara de Diputados y peor aún que le responda el crimen organizado, o sea, todo está mal y aquí tiene que hacerse una purga y una auditoría gigantesca”, enfatizó.
Posterior al escándalo se supo que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mediante la resolución 1785, dejó sin efecto la prórroga del traslado temporal del agente especial de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos. Ruiz Díaz Vallejos cumplía funciones en la comisión de lucha contra el narcotráfico y estaría afectado por una investigación del operativo A Ultranza Py. Durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), Ruiz Díaz se desempeñaba como director de inteligencia técnica de la SENAD.
Tras la acusación que el fiscal Deny Yoon Pak realizó contra Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, se revelaron detalles sobre cómo se planeaban los envíos de grandes cargas de cocaína a Europa y África. Se recogieron conversaciones “encriptadas” a través de telefonía móvil entre el acusado, Sebastián Marset y otros supuestos miembros de su organización. Las conversaciones entre Insfrán y otro integrante de la organización criminal detallan pagos para evitar investigaciones de la Fiscalía y escuchas telefónicas. De todo esto era alertado por un contacto suyo en el departamento de inteligencia de la Senad y de otras instituciones. Estas conversaciones se habrían realizado entre setiembre y diciembre del 2020.
PARLAMENTO SE CONVIERTE EN “CUEVA DE INDESEABLES”
Este caso, que se suma a varios otros, evidencia que el Congreso se va convirtiendo cada vez más en una “cueva de indeseables”, con personas de oscuros antecedentes y hasta vinculadas al crimen organizado, que van tomando importantes cargos en la estructura del Poder Legislativo. Otro caso parecido es el de la abogada Zully Diana Villalba Escobar, quien figura como contratada en la asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este y cuenta con un salario mensual de G. 18 millones. Sin embargo, la misma cumple funciones de “asesoría” de la diputada colorada Liz Acosta, quien pretendería ser candidata a la intendencia de Ciudad del Este por la ANR.
Villalba Escobar además es suplente número 2 del Consejo de la Magistratura y es apuntada como planillera del centro asistencial, ya que nadie la conoce en el lugar y nunca apareció por el sitio. Igualmente se mencionó que el marido de Villalba cuenta con una elevada condena por tráfico de drogas.
