Hechas las diligencias preliminares del caso, la fiscal Vivian Coronel, especializada en hechos punibles contra menores, imputó a un padrastro que habría abusado en sucesivas ocasiones de su hijastra de 10 años. Los hechos se habrían producido en un asentamiento de la periferia, en Ciudad del Este. Primeramente, ordenó la detención preventiva del agresor sexual.
Según los resultados de las diligencias primarias ordenadas en investigación, con las que se produjo elementos contundentes de sospecha sobre la existencia del hecho punible de abuso sexual y de la responsabilidad penal, la representación pública, imputó al presunto pervertido, quien aprovechando la tutoría de la menor, la obligaba a realizar actos sexuales, utilizando la seducción como elemento básico.
La niña era amenazada permanentemente por su padrastro, quien la sometía primero a toqueteos en sus partes íntimas, los pechos, la boca y otras partes sensibles del cuerpo.
CAMBIOS DE CONDUCTA SOSPECHOSOS
Los cambios de conducta manifiestos en la víctima llamaron la atención de su maestra de grado, quien con intervención de la dirección del centro educativo, la llevó ante la sicóloga. Según acta de imputación, la niña detalló ante la profesional los vejámenes a los que era sometida por el pervertido, siempre en ausencia de su madre, quien trabaja fuera del hogar diariamente, con la modalidad del “retiro”.
El sujeto obligaba a la niña a observar películas pornográficas desde su teléfono celular y de una manera tradicional del degenerado la hacía practicar en sus órganos genitales hasta llegar al coito, conforme al relato. La víctima fue inspeccionada por la médica forense, donde se constató rotura de himen antiguo, confirmando la teoría entregada en el informe del departamento de victimología.
Luego de obtener el resultado de Cámara Gesell, la agencia fiscal especializada, con amplios elementos para fundamentar su requerimiento, ordenó la detención del depravado y lo presentó ante el juzgado, con pedido de declaración de rebeldía. La situación implica que una vez detenido, deberá guardar reclusión penitenciaria.
Los datos que podrían identificar a la víctima se omiten, en cumplimiento a las previsiones del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
