En la órbita de la gestión del intendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), la Municipalidad de Ciudad del Este se ve envuelta en una trama de privilegios indebidos que favorecen a funcionarios cercanos al círculo íntimo del ejecutivo comunal. Mientras la mayoría de los empleados municipales apenas sobreviven con salarios raquíticos, algunos altos directivos son recompensados con cargos y remuneraciones inauditas, todo ello como resultado de su lealtad política más que por méritos profesionales.
El nepotismo y el favoritismo campan a sus anchas, desafiando los principios de equidad y meritocracia en la administración pública. Funcionarios, cuyo único logro parece ser su fidelidad al intendente o su participación en la campaña electoral, son agraciados con posiciones de poder y salarios exorbitantes, mientras que aquellos que realmente trabajan por el bienestar de la comunidad reciben una compensación indigna y con meses de atraso.
El caso del director de finanzas, Enrique Iván Portillo, es paradigmático. No solo logró acceder a su cargo por ser el hijo del concejal departamental Enrique “Tío Enri” Portillo, del equipo de Prieto, sino que también designó a su “amigo íntimo” Matías Britos Acosta como su secretario privado, otorgándole un salario desproporcionado de más de G. 5 millones, a pesar de tener apenas un título de bachiller. Fuentes fidedignas aseguran que incluso ambos viajaron juntos a Cancún (México), dejando sin salario a los funcionarios a finales del año pasado.
Esta práctica de colocar a allegados en puestos clave se repite en otros niveles de la Municipalidad, generando un clima de impunidad y descontento entre los empleados de menor rango. Figuras como Franciely Orquiola, jefa de la dirección de finanzas, y Laura Machuca, jefa de auditoría interna, disfrutan de salarios que superan ampliamente las compensaciones habituales para sus cargos. Orquiola, sin ser profesional, recibe un salario de jefe (G. 6 millones), acompañado de bonificaciones adicionales; mientras que Machuca, fisioterapeuta de profesión, ostenta una remuneración que ronda los G. 10 millones y se encarga de firmar los contratos de obras financiadas por el Fonacide. Otra que percibe un salario bastante elevado es Marlene Ayala, nutricionista de profesión, pero quien funge de jefa de presupuesto en la Comuna.
Este entramado de privilegios injustificados no solo desvirtúa el propósito de la función pública, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. A estos casos hay que sumarle el de Nicole Michelle Doutreleau, la secretaria vip del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Según el historial administrativo, en el 2020 Doutreleau percibía un salario mensual de G. 2.900.000. Del 2021 al 2022 se le aumentó a G. 4.200.000, en el 2023 se le triplicó a G. 10.000.000 y en este 2024 pasó a percibir mensualmente G. 14.000.000. En su legajo administrativo no figura ningún título universitario que podría servirle para que escale salarialmente, con base a preceptos legales vigentes en el país.
Mientras se registra este verdadero festival del derroche del dinero público, el intendente toma medidas impopulares e injustas, como el cierre de siete dispensarios médicos, con la excusa de “ahorrar”, haciendo sufrir así a la ciudadanía más carenciada. Igualmente, funcionarios que trabajan día y noche en la limpieza de plazas y parques, o que dirigen en tránsito de la ciudad, haga lluvia, calor extremo o frío, perciben escuálidos salarios de menos de 3 millones de guaraníes, encima con considerables atrasos debido a la crónica insolvencia de la comuna esteña.
