El contraste entre las operaciones de la Policía Federal brasilera en Foz de Yguazú y la evidente inacción de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay es innegable. Mientras las fuerzas policiales del vecino país realizan incursiones contundentes para decomisar grandes cantidades de drogas que ingresan desde territorio paraguayo, la SENAD parece estar relegada a intervenciones esporádicas y capturas de microtraficantes, pese a contar con suficiente infraestructura, recursos humanos y logísticos para desplegar una labor mucho más trascendente de la que están cumpliendo.
En una reciente operación, la Policía Federal brasileña incineró más de 8 toneladas de drogas incautadas en la región de la triple frontera, sumando un total de más de 16 toneladas de estupefacientes destruidos en lo que va del año. Estos resultados destacan la eficacia y determinación de las fuerzas de seguridad brasileras en la lucha contra el tráfico de drogas.
Sin embargo, la situación en el lado paraguayo de la frontera pinta un cuadro bastante diferente. A pesar de ser una de las instituciones mejor equipadas y financiadas para combatir el narcotráfico en la región, la SENAD parece incapaz de igualar el ritmo y la eficacia de sus contrapartes del Brasil. En lugar de llevar a cabo operaciones significativas para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en Paraguay, los agentes antidrogas se contentan con arrestos de menor escala y confiscaciones relativamente pequeñas.
Esta discrepancia en la respuesta a la amenaza del narcotráfico plantea interrogantes sobre la efectividad y la integridad de la SENAD. ¿Por qué, a pesar de contar con recursos considerables, no logra detener el flujo de drogas que atraviesa Paraguay hacia Brasil? ¿Hay complicidad o corrupción dentro de la propia institución que obstaculiza sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico?
La falta de acciones contundentes por parte de la SENAD sugiere una posible complicidad o, al menos, una negligencia preocupante en la lucha contra el narcotráfico. La ausencia de operativos de inteligencia o investigaciones significativas contrasta con el trabajo enérgico de las autoridades brasileñas en la misma región.
Además, se rumorea que altos funcionarios del organismo antidrogas podrían estar involucrados en actividades corruptas, cobrando sobornos a cambio de protección a los narcotraficantes. Esta situación ha generado tensiones entre las autoridades brasileras y paraguayas, llevando a la suspensión de operativos conjuntos.
Mientras Brasil intensifica visiblemente sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en la región de la triple frontera, la SENAD de Paraguay enfrenta críticas por su aparente falta de acción y posibles vínculos con el crimen organizado. La necesidad de abordar esta disparidad en la respuesta al narcotráfico es urgente, ya que el flujo continuo de drogas en la triple frontera representa una amenaza tanto para Brasil como para Paraguay y la región en su conjunto.
