La corrupción en las instituciones públicas es un flagelo que socava la confianza ciudadana y debilita los cimientos de la democracia. Las recientes denuncias sobre prácticas corruptas dentro de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Hernandarias son profundamente alarmantes y exigen una acción urgente por parte de las autoridades competentes.
Los reportes revelados por nuestro medio exponen un esquema de coimas y abusos de poder que involucra a altos mandos de la PMT, con el presunto líder de esta red corrupta identificado como el jefe de Operaciones, Ángel Barrios. Estas acusaciones van más allá de simples malas prácticas; describen un entorno tóxico en el que los agentes son obligados a recolectar sobornos bajo amenazas y represalias.
Es particularmente alarmante la descripción de Barrios como un analfabeto funcional, lo que plantea serias interrogantes sobre su idoneidad para ocupar un cargo de autoridad. Este tipo de incompetencia solo agrava la situación, permitiendo que la corrupción se arraigue aún más en la institución.
Las prácticas corruptas no se limitan al cobro ilegal de sobornos; también se evidencia el desvío de fondos provenientes de multas de tránsito y la explotación de agentes para fines personales. Además, se exponen conexiones que sugieren una red más amplia de corrupción, alcanzando incluso a figuras de mayor jerarquía dentro del municipio.
Esta situación es intolerable. La PMT tiene la responsabilidad de velar por la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos, pero en lugar de eso, sus acciones están minando la confianza en la institución y poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por las calles de Hernandarias.
Se requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades pertinentes. Es necesario realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables de estos actos de corrupción. Asimismo, se deben implementar medidas efectivas para transparentar las actividades de la PMT y garantizar que se cumpla con la ley de manera justa y equitativa.
Es esencial destacar que, además de combatir la corrupción, es imperativo garantizar condiciones laborales justas y dignas para los agentes de la PMT. Estos servidores públicos desempeñan un papel fundamental en la seguridad vial y merecen ser tratados con el respeto y la dignidad que les corresponde. No es aceptable que enfrenten retrasos en el pago de sus salarios o que carezcan de los recursos necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva y segura.
Los agentes de la PMT deben tener acceso a salarios dignos y al día, así como a todos los equipos y uniformes necesarios para desarrollar sus funciones de manera adecuada. Negarles estos derechos no solo es injusto, sino que también pone en riesgo su seguridad y la de los ciudadanos a los que sirven. Es responsabilidad de las autoridades municipales garantizar que estos servidores públicos reciban el apoyo y la protección que necesitan para cumplir con su deber de manera efectiva y sin temor a represalias.
