Luego de una serie de chicanas planteadas por defensores de los secuestradores acusados por la fiscal especializada Zunilda Ocampos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dirimió el caso y confirmó a la juez que garantiza el proceso tramitado ante el juzgado de San Pedro del Paraná, circunscripción judicial de Itapúa. Esta deberá fijar fecha y llamar a los dos procesados para la audiencia preliminar.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia libró su auto interlocutorio nº 164 en respuesta al recurso planteado por la abogada Francisca Beatriz Silvero, en favor de sus defendidos, Fernando Araujo Ibarra, alias “Tractor”; Basilio Salinas, alias “Chili”, y Miguel Ángel Chamorro, alias “Rapai”. La letrada recurrió hasta en la Corte, buscando desviar la atención de la juez de garantías, que admitió la acusación de la causa.
Los tres citados fueron acusados por homicidio doloso, secuestro, extorsión, extorsión agravada, privación de libertad y asociación criminal, con pedido de juicio oral.
POR CUENTAS CON UN NARCO
Los tres están acusados de perpetrar los hechos punibles en perjuicio del conocido capo narco de la zona, Rigoberto Bareiro Vargas, y su sobrino Diego Daniel Osorio, hecho ocurrido el 11 de octubre de 2020, en la localidad de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. El primero de los detenidos fue “Tractor”, quien identificó a los otros dos criminales ante los investigadores del caso y contó detalles sobre el hecho.
Ese mismo día asesinaron al capo narco y su sobrino por mandato de otro narco, que le disputaba la zona de comercialización de drogas, según las resultas de la investigación. Sin embargo, los captores habían solicitado la suma de 50.000 dólares como rescate a los familiares de los asesinados como supuesto rescate para liberar a los ya muertos.
Incluso, dio las coordenadas de dónde estaban enterrados los cuerpos, que fueron desenterrados por la policía antisecuestro en presencia de la fiscal especializada que intervino en el caso. “Rapai” fue detenido en la localidad bonaerense de La Matanza y extraditado al país, luego de largos y burocráticos trámites. Ahora, deberán responder por sus actos en juicio oral y público, donde podrían ser condenados bajo medidas de seguridad.
