Estudiantes, docentes, funcionarios de las diferentes facultades de la Universidad Nacional del Este (UNE) y organizaciones civiles se movilizaron ayer en el microcentro de Ciudad del Este, exigiendo garantizar recursos para todos los programas afectados por la Ley Hambre Cero, con el lema: “Lo que nos quitaron por ley, que nos devuelvan por ley”.
Las protestas estudiantiles continúan en Alto Paraná, sumándose a otras que se realizan en diferentes puntos del país, buscando garantizar recursos para todos los programas afectados por la Ley Hambre Cero. Si bien en un principio la lucha se centraba en el blindaje de la gratuidad de aranceles universitarios, el movimiento ha evolucionado para defender la financiación de diversos sectores esenciales.
La movilización se realizó ayer en horas de la tarde y noche, marchando hasta el acceso a la cabecera del Puente de la Amistad. Antes, las movilizaciones se venían realizando en horario nocturno a la altura del km 10 de la Ruta PY02, con cierre intermitentes de la vía. También se manifiestan en otra distritos del departamento, como Juan León Mallorquín, Santa Rita y en el cruce Itakyry.
Las advertencias sobre las repercusiones de la ley Hambre Cero por parte de los estudiantes universitarios comenzaron desde su presentación por el Ejecutivo en enero último. La propuesta original eliminaba el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y creaba el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), generando el descontento de los intendentes municipales, quienes inicialmente quedaron excluidos de la normativa. Para apaciguar su enojo, se les otorgó el 20% de los recursos.
A pesar de las críticas de profesionales de la salud, especialmente pediatras y nutricionistas, que señalaban las limitaciones del proyecto, el Poder Ejecutivo aceleró su aprobación en el Congreso Nacional. En paralelo, los estudiantes se movilizaron en febrero para defender la continuidad de la Ley de Arancel Cero, conquistada en el año 2020 tras años de lucha.
Sus reclamos no fueron escuchados y, en la primera semana de abril, una mayoría cartista sancionó –in debate– el proyecto, que luego fue promulgado como ley. Si bien uno de sus artículos habla de un blindaje, al depender ahora de recursos del Tesoro (Fuente 10), los estudiantes sostienen que el dinero no está garantizado, ya que depende de la recaudación tributaria anual.
Ante la crisis generada, se han presentado otras iniciativas. La oposición, integrada por los legisladores Esperanza Martínez, Raúl Benítez y Johanna Ortega, propone atender todos los programas que antes se financiaban con el Fonacide, mientras que los senadores Ever Villalba y Rubén Velázquez buscan financiar el Arancel Cero con el 1% de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado.
