El predio del Ministerio Público del Área X, situado en Ciudad del Este, presenta un estado deplorable, producto de la negligencia y la falta de gestión de los responsables de la institución. Bajo la mirada pasiva y la indiferencia del fiscal adjunto, Jorge Sosa, las instalaciones se desmoronan y proyectan una pésima imagen ante los ojos de los funcionarios, abogados y justiciables. Sanitarios inutilizables, pasillos anegados y basura esparcida son solo el preludio de una situación penosa y vergonzosa de un organismo estatal clave, como lo es la Fiscalía.
La sede regional del Ministerio Público, testigo de años de abandono, exhibe su deterioro en cada rincón. Grietas, humedad y pintura descascarada son solo el comienzo de una larga lista de calamidades. Los sanitarios emiten un hedor nauseabundo, con descargas de inodoros averiadas y puertas rotas, mientras la escasez de suministro de agua y la ausencia de papel higiénico agravan la situación.
Profesionales del Derecho se quejan constantemente del precario estado de la sede de la Fiscalía de Ciudad del Este. Representantes de diversos gremios de abogados no descartan unirse en manifestación para exigir la construcción de un nuevo edificio. En la capital del Alto Paraná, el Ministerio Público funciona en un viejo local que había sido prestado por la Itaipu Binacional.
Hay un mar de deficiencias; los sanitarios despiden un olor nauseabundo; no funcionan las descargas de inodoros, las puertas están rotas, tiene problemas de suministro de agua y no tiene ni papel higiénico. Los pisos están rotos al igual que las terminaciones de madera se caen a pedazos. Asimismo, las sillas del sector de espera están rotas y sin respalderos y en los pasillos los cubos de basura dejan caer los residuos de tanta carga. En el patio, la situación no es muy diferente, ya que las fosas de conexiones eléctricas están con peligrosos agujeros.
Desde hace años que el mal estado del local de la Fiscalía genera quejas. La excusa que primó por décadas es que funciona en un local prestado por la Itaipu, por lo que la Fiscalía General del Estado no puede hacer inversiones.
Agravando la situación, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, permanece inerte frente a esta crisis, sin atender las demandas urgentes de una nueva sede propia. Profesionales del derecho alzan permanentemente su voz contra el precario estado del complejo edilicio, mientras diversos gremios consideran la posibilidad de una manifestación para exigir un cambio.
