La Municipalidad de Ciudad del Este recurrió a un préstamo bancario de G. 3.200 millones para iniciar el pago de una deuda histórica de G. 26 mil millones que arrastra con la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal. La solicitud enviada, vía mensaje por el intendente Miguel Preito, fue aprobada durante la sesión ordinaria del martes último.
La deuda se origina en dos sentencias definitivas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012 y 2018, correspondientes a obligaciones no cumplidas entre el 2001 y 2008. El pedido de préstamo fue aprobado por la mayoría oficialista de la Junta Municipal. El monto inicial de G. 3.200 millones, que representa la primera cuota del acuerdo de pago establecido con la Caja de Jubilaciones, que contempla la cancelación total de la deuda en ocho años.
El concejal Pedro Acuña (YoCreo) explicó que se llegó a un acuerdo con la Caja de Jubilaciones para evitar la actualización de la deuda, que de no mediar este pacto, podría haber alcanzado los G. 31 mil millones a G. 32 mil millones.
«Si se hubiesen pagado en su momento se hubiese ahorrado un montón de plata a la ciudadanía. En su momento se había hecho un acuerdo de pago que no se cumplió, por lo que la Caja volvió a recurrir a instancias judiciales y obviamente la Municipalidad fue condenada a pagar la suma de G. 26 mil millones aproximadamente».
La deuda millonaria ha tenido un impacto negativo en los funcionarios municipales, quienes no solo han visto retrasado su acceso a la jubilación, sino que también se vieron imposibilitados de tramitar préstamos ante la institución.
Comentó que la actual administración transfiere regularmente los descuentos. «En la medida que se realiza los descuentos automáticamente se transfiere a la Caja. Ahora, empezando a pagar esta deuda, permitirá que los funcionarios que haya llegado a la edad de jubilarse podrán acogerse a ese beneficio sin ningún problema», expresó Acuña.
ANTECEDENTES
La deuda se remonta a la gestión de los intendentes Juan Carlos Barreto, Alicio Peralta y Eduardo Morales, entre los años 1998 y 2001. De acuerdo con los datos, en el año 1999 las partes llegaron a un acuerdo.
El documento fue homologado por sentencia definitiva número 385 del 3 de junio de 1999. Entonces, el monto reclamado era de G. 2.709.000.000, pero la institución municipal finalmente no cumplió, judicializándose de nuevo el caso con un juicio ejecutivo. Así se estableció en el año 2012 que la deuda, ya con los intereses acumulados, ascienda a en G. 9.035.887.302 y a la fecha llega a los G. 26 mil millones.
La millonaria deuda reclamada fue establecida por el auto interlocutorio 1921, de fecha 24 de octubre del año 2012, para lo cual se habilitó una cuenta judicial. En más de una oportunidad el municipio fue notificado sobre esta resolución favorable. Primero, para ser incluido dentro del presupuesto que finalmente se insertó en el rubro de otros gastos “Impuestos, tasas y gastos judiciales varios” desde el año 2018, pero que nunca se ejecutó.
Funcionarios municipales, en más de una oportunidad, reclamaron la deuda acumulada, porque por este motivo muchos no pueden jubilarse ni tramitar préstamos ante la institución. Varios extrabajadores también están en la misma situación y no pueden retirar sus aportes jubilatorios.
El hecho siempre fue objeto de críticas por la oposición, primero hacia la gestión de Javier Zacarías y después de su esposa Sandra McLeod, que estuvieron en el poder municipal desde el 2001 hasta el 2019, y nunca lograron resolver el problema judicial.
